Prisión preventiva oficiosa: nuevos delitos se suman al catálogo en México
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 14 de agosto, 2024.- En una decisión que ha generado una intensa controversia, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con 26 votos a favor de la alianza Morena-PT-PVEM y 14 en contra por parte de PAN-PRI-PRD-MC, se avaló la reforma al artículo 19 de la Constitución, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma, que ahora deberá ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, incluye delitos como narcomenudeo, extorsión, y defraudación fiscal, así como actividades relacionadas con fentanilo y otros estupefacientes sintéticos. Además, introduce una modificación propuesta por el diputado de Morena, Leonel Godoy, que obliga a los jueces a ordenar prisión automática en casos de abuso sexual y violencia contra menores, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, robo de casa habitación, entre otros.
La aprobación de esta reforma ha sido fuertemente criticada por los legisladores de oposición, quienes argumentan que la prisión preventiva oficiosa es una medida que violenta los derechos humanos y transgrede convenciones internacionales. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, señaló que la Corte Interamericana ya ha declarado que la prisión preventiva oficiosa debería desaparecer, pues considera que no garantiza la justicia y perpetúa la impunidad.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Braulio López, calificó la medida como «populismo punitivo», argumentando que busca generar una falsa sensación de seguridad sin realmente atacar los problemas de fondo en materia de justicia y seguridad ciudadana. “Esta figura se ha convertido en un abuso, una imputación falsa de delitos que viola los derechos humanos”, agregó López.
La prisión preventiva oficiosa ha sido un tema polémico en México desde su implementación. Originalmente concebida como una medida para prevenir la fuga de delincuentes peligrosos antes de su juicio, su aplicación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un abuso que perpetúa la injusticia.
Con la reforma aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la prisión preventiva oficiosa se amplía a delitos de cuello blanco, como la defraudación fiscal y el contrabando, lo que genera preocupaciones sobre su posible uso como herramienta de represión política. Además, la obligación impuesta a los jueces de ordenar prisión automática en un número cada vez mayor de delitos podría sobrecargar aún más el sistema penitenciario del país, que ya enfrenta problemas de hacinamiento y falta de recursos.
El debate sobre esta reforma está lejos de terminar. Mientras los defensores de la medida argumentan que es necesaria para combatir la impunidad y mejorar la seguridad, los críticos insisten en que viola derechos fundamentales y podría tener consecuencias graves para el sistema de justicia en México. Se espera que en los próximos días, el pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote sobre esta reforma, que podría cambiar significativamente la manera en que se administra la justicia en el país.
