Por Juan Pablo Ojeda
En un giro inesperado, el PRI ha anunciado su rotundo rechazo a la reforma al Poder Judicial, la cual ha sido aprobada en lo general por otros sectores del Congreso. Según los diputados del PRI, el proyecto no solo falla en abordar los problemas reales del sistema judicial en México, sino que además pone en riesgo la estabilidad y la justicia en el país.
Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada priista, expresó en un comunicado que el PRI está en contra de la reforma porque, a su juicio, solo cambiará a algunas personas en el poder sin resolver el problema de fondo: el escaso número de jueces disponibles para la población. Con solo 0.33 jueces por cada cien mil habitantes, el PRI argumenta que esta reforma no hace nada para mejorar esta situación crítica.
El partido también se opuso al cambio de sede y a la fusión de las sesiones que se habían programado para discutir la reforma. Moreira Valdez criticó la reforma por no abordar el verdadero déficit en la impartición de justicia y, en su lugar, consideró que podría provocar una «destrucción» del Poder Judicial tal como lo conocemos.
Jericó Abramo Massa, otro miembro destacado del PRI, reiteró el apoyo del partido a los trabajadores y profesionales del sector judicial, quienes, según él, verán vulnerados sus derechos si se aprueba la reforma. Abramo Massa mencionó que estudiantes y académicos también han manifestado su rechazo a este dictamen, advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos con argumentos sólidos y datos específicos.
La dirigencia nacional del PRI, liderada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, enfatizó que la reforma pone en peligro no solo los derechos adquiridos desde la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, sino también la independencia del Poder Judicial. Según el PRI, la reforma busca alinear el Poder Judicial con los intereses del Ejecutivo y Legislativo, lo que podría socavar la autonomía judicial y el Estado de derecho.
Además, el PRI advierte que las primeras consecuencias de la reforma ya son visibles en la economía, con el estrés en los mercados internacionales y el impacto negativo en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. La bancada priista reconoce la necesidad de reformar el Poder Judicial para hacerlo más eficaz y cercano a la gente, pero sostiene que la reforma propuesta es inadecuada, no democrática y peligrosa para la protección de los derechos humanos.
Finalmente, los priistas destacan la complejidad de implementar la elección de jueces bajo el nuevo sistema propuesto, citando el ejemplo de la Ciudad de México, donde los votantes tendrían que manejar 20 boletas con más de 4 mil nombres, una tarea que podría ser abrumadora y poco accesible para algunos ciudadanos.
En resumen, el PRI se opone firmemente a la reforma al Poder Judicial, argumentando que no soluciona los problemas fundamentales del sistema judicial y podría tener graves repercusiones para la justicia y la democracia en México.