Por Bruno Cortés

En los pasillos del Congreso mexicano se sigue discutiendo intensamente el tema de la seguridad, y esta vez ha sido el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, quien ha puesto el dedo en la llaga. En una rueda de prensa, Moreira informó que pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocar una reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), para analizar a fondo las iniciativas de seguridad que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

Según el diputado, aunque algunas de las propuestas parecen ser acertadas, como la idea de mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, hay otros puntos que generan dudas. Uno de esos puntos es la propuesta sobre la intervención telefónica, que para el PRI no se presenta de manera correcta. “Hay que tomarse el tiempo necesario para analizar estas iniciativas, más allá de una consulta rápida; necesitamos estudiar bien los detalles antes de pronunciarnos», dijo Moreira.

Lo que más preocupa al PRI, según Moreira, es cómo estas reformas podrían conectarse con el presupuesto federal y las políticas que impactan a los gobernadores de los estados. Y es que, para el legislador, la seguridad en México depende en gran medida de las autoridades estatales. “Muchos problemas de inseguridad son consecuencia de que algunos gobernadores no están cumpliendo con su responsabilidad», comentó el diputado.

Por otro lado, Moreira destacó que el PRI no se ha opuesto a las reformas en seguridad por una cuestión política, sino por la necesidad de asegurar que no se afecten los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, el PRI busca que se garantice la transparencia en las estadísticas de criminalidad y que la sociedad civil tenga acceso a esta información. Además, considera que las reformas de seguridad no pueden tomarse a la ligera ni apresurarse en su aprobación.

Al mismo tiempo, el diputado cuestionó los datos oficiales sobre la disminución de homicidios en el país, presentados por el gobierno de Sheinbaum. Según el reporte del gobierno, durante el periodo de octubre a diciembre de 2024, los homicidios dolosos se redujeron en un 16.3%. Sin embargo, Moreira y otros legisladores creen que esa cifra podría no ser completamente precisa, ya que no se están contabilizando todos los casos de feminicidios ni los hallazgos de fosas clandestinas. “La información no está siendo transparente, y eso preocupa”, aseguró Moreira.

Además, el legislador criticó la falta de acceso a “fuentes abiertas”, como la prensa, para obtener información confiable sobre los temas de seguridad. Recordó que hace algunos años, el gobierno publicaba datos en su página que eran complementados con información de los medios, lo que permitía una mayor fiscalización de las políticas públicas. Ahora, con la eliminación de estas “fuentes abiertas”, se ha generado un vacío informativo que, según Moreira, afecta la transparencia del gobierno.

En otro tema, el diputado también se refirió al juicio de procedencia que enfrenta Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, por un caso relacionado con presuntas irregularidades en su gestión. Moreira defendió a Moreno, señalando que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Campeche habían sido invalidadas por un juez, lo que impide que el proceso continúe en la Cámara de Diputados. Además, mencionó que no le preocupa que el tema sea usado políticamente por otras figuras, como el diputado Hugo Erick, ya que considera que las acusaciones contra Moreno son injustas.

Finalmente, respecto al juicio que enfrenta Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, Moreira opinó que debería ser la Sección Instructora quien decida el futuro del caso, pero también destacó que hay irregularidades en el proceso, ya que uno de los involucrados se ha pronunciado públicamente en contra de Blanco.

Así, mientras el PRI sigue vigilante de la evolución de las políticas de seguridad, también se mantiene firme en su postura de exigir transparencia y responsabilidad en el manejo de los temas más importantes del país.