Por Bruno Cortés / Fotos Ivonne Cárdenas

En una conferencia cargada de determinación, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, alzó la voz para exigir que el caso Teuchitlán, un sombrío capítulo de violencia y desapariciones en Jalisco, no quede en la impunidad. Con el eco de sus palabras resonando en la sala, delineó tres ejes claros: identificar a los responsables de los crímenes, esclarecer cómo se descubrió el sitio y por qué no se protegió adecuadamente, y señalar a las autoridades que fallaron en su deber. «Queremos saber quiénes incineraron cuerpos, quiénes reclutaron personas y por qué la violencia sigue asfixiando esa región», afirmó con firmeza.

El caso Teuchitlán, donde restos humanos fueron hallados en un terreno que destapó una red de horror, ha sacudido a la opinión pública. Moreira Valdez destacó que la atracción del caso por la Fiscalía General de la República es un paso positivo, pero insuficiente. «No queda claro qué pasó en el hallazgo ni por qué el lugar quedó vulnerable», señaló, mientras el murmullo de los presentes reflejaba la urgencia de respuestas. El PRI propone una comisión especial para investigar, una idea que resuena con planteamientos del PAN y MC, y que busca convertir este episodio en un parteaguas para la seguridad nacional.

Con una visión que trasciende fronteras, el PRI hace un llamado contundente a organismos internacionales. «Exigimos la presencia de la ONU, de la Cruz Roja Internacional y de expertos independientes», declaró Moreira Valdez, evocando el aroma a café de las reuniones pasadas con grupos como el argentino o el Seminario de Paz del Colegio de México. Este grito por el multilateralismo busca romper el silencio que envuelve a las más de 100 mil personas desaparecidas en el país, un número que pesa como una losa en el corazón de México.

En paralelo, el partido tricolor plantea fortalecer el Centro Nacional de Identificación y tejer una red más sólida entre centros de búsqueda y fiscalías. Moreira Valdez propuso un cambio constitucional profundo: consagrar el derecho humano a ser buscado e identificado. «Que no pasen 72 horas para actuar, que una noticia sea suficiente para empezar», insistió, mientras sus palabras pintaban la imagen de familias esperando frente a oficinas vacías, con la esperanza menguando como una vela al viento.

La bancada también puso el dedo en la llaga sobre las omisiones del Congreso. «Hace cuatro años que no se instala la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional», reprochó el diputado, anunciando una iniciativa para revitalizarla. En un tono que destilaba frustración, criticó la ausencia del informe semestral de las Fuerzas Armadas, un documento que debería ser un faro en la tormenta de inseguridad que azota al país. «En el momento de mayor riesgo, el Congreso ha renunciado a defender a la patria», sentenció.

Un testimonio estremecedor llegó de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, quien relató la violencia que enfrentó en una protesta pacífica en Ciudad de México. El 8 de marzo, mientras exigía justicia por un feminicidio cerca de Tlatelolco, el subsecretario de Gobierno la agredió, según denunció. «Me invisibilizó, me violentó, y no dio respuestas sobre la víctima», narró con la voz quebrada por la indignación, un reflejo del dolor que cargan miles de mujeres en un país donde la justicia parece un eco lejano.

Finalmente, el PRI marcó su postura contra la iniciativa de datos biométricos. Moreira Valdez enlistó tres razones: la militarización que consolida, el riesgo de confiar datos sensibles a una agencia gubernamental, y la falta de garantías en su manejo judicial. «No confiamos en que esto proteja a los ciudadanos», afirmó, cerrando un discurso que mezcla crítica y propuestas con la fuerza de quien busca cambiar el rumbo de un país herido.