Por Bruno Cortés

En una conferencia de prensa reciente, Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, exigió que la investigación sobre el caso Teuchitlán no quede en la impunidad y llegue hasta las últimas consecuencias. El caso, que involucra desapariciones, violencia y posibles actos de incineración en la región de Teuchitlán, ha generado gran preocupación entre las autoridades y la sociedad.

Moreira detalló tres vertientes clave que deben ser investigadas con profundidad. La primera, y quizá la más importante, es identificar a los responsables materiales de las desapariciones, el supuesto reclutamiento de personas y la violencia que se ha vivido en el área. Esto incluye esclarecer si realmente hubo un proceso de incineración de cuerpos, un tema que sigue siendo una incógnita.

La segunda vertiente que el PRI pone sobre la mesa es la falta de claridad en el proceso de hallazgo de los restos y la investigación posterior. El líder priista destacó que, aunque es positivo que la Fiscalía General de la República haya atraído el caso, todavía quedan muchas dudas por resolver sobre cómo se manejó la investigación y el aseguramiento de los predios donde se descubrieron los restos.

Finalmente, la tercera línea de investigación que Moreira subrayó se refiere a la omisión de autoridades. Según el PRI, es necesario identificar quiénes fueron responsables de no actuar a tiempo o de manera adecuada para prevenir estos hechos tan trágicos.

Más allá de las investigaciones internas, el PRI también ha propuesto la creación de una comisión especial para abordar este caso, algo que también han respaldado otras fuerzas políticas como el PAN y MC. Esta comisión tendría como objetivo buscar más información y tomar acciones concretas para evitar que tragedias como la de Teuchitlán se repitan en el futuro. En este sentido, Moreira llamó a que este caso sea un «momento de quiebre», un punto de partida para mejorar las políticas de seguridad y derechos humanos en México.

El PRI también ve la necesidad de involucrar a organismos internacionales en la crisis de desapariciones en México. La ONU y la Cruz Roja Internacional, junto con otros grupos independientes que han trabajado en el país, podrían aportar una perspectiva valiosa para esclarecer estos casos. Además, Moreira propuso que se incluyera en la Constitución el derecho humano a ser buscado e identificado, lo que permitiría a las autoridades actuar de manera más rápida y eficiente ante desapariciones. Actualmente, muchas fiscalías aún esperan 72 horas para comenzar a investigar, lo que retrasa la búsqueda de personas desaparecidas.

En otro tema, el diputado del PRI también abordó las omisiones en el Congreso respecto a la seguridad del país. Señaló que, durante los últimos años, no se ha instalado adecuadamente la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, un órgano clave para el análisis y control de las tareas de seguridad del país. Además, criticó la falta de acción de las Cámaras del Congreso ante los informes semestrales sobre las Fuerzas Armadas, un tema que la bancada del PRI buscará corregir con una nueva iniciativa para fortalecer esta comisión.

Por otro lado, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández denunció un acto de violencia en su contra por parte de autoridades de la Ciudad de México durante una manifestación pacífica en demanda de justicia por un feminicidio en Tlatelolco. Según Sandoval, durante la protesta, el subsecretario de Gobierno la violentó y no le permitió ejercer su derecho a la manifestación, lo que ella considera un grave atropello a la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.

En temas de seguridad y datos, Rubén Moreira adelantó que su bancada votará en contra de la iniciativa que propone la recolección de datos biométricos. Los tres principales motivos para esta oposición incluyen el temor a la militarización del país, la falta de certeza en la seguridad de la información y la posibilidad de que datos sensibles sean utilizados de manera inapropiada por las autoridades.

En resumen, el PRI sigue presionando por una investigación a fondo en el caso Teuchitlán, pide más transparencia en el manejo de la seguridad nacional y defiende el fortalecimiento de los derechos humanos en México, mientras que continúa alertando sobre la concentración de poder y la falta de rendición de cuentas dentro del gobierno actual.