Por Juan Pablo Ojeda

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) recibió una solicitud formal del influyente despacho de abogados Quinn Emanuel, en la que se le solicita información sobre el avance de una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción que involucra a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, y su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas. La denuncia fue interpuesta por las hermanas Garza en el contexto de un litigio en México contra el banco Santander.

Dicha denuncia ha captado la atención de periodistas y analistas que han documentado los pormenores de las acusaciones. Además, se ha sumado otra información que vincula a la ministra Ortiz Ahlf y a su yerno con Rafael Zaga Tawil, un empresario prófugo de la justicia mexicana. Zaga Tawil está acusado de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este escándalo se considera uno de los más graves en términos de corrupción dentro de la institución.

En paralelo a estos hechos, se ha señalado que la ministra Ortiz Ahlf estaría mostrando su intención de votar en favor de Zaga Tawil en un litigio contra la firma financiera Actinver, por un reclamo de mil millones de pesos. La controversia se refiere a un fideicomiso administrado por el banco «Ve por Más», en el que fondos fueron transferidos por orden de Zaga Tawil a cuentas personales en BBVA. Según versiones de algunos medios, la ministra habría anticipado su respaldo al empresario en el litigio.

Otro actor implicado en esta trama es el abogado Jordi Oropeza, quien está vinculado a Abel Chávez Salinas y se le señala por posible conflicto de interés. Se investiga si Chávez Salinas y su círculo cercano han utilizado su relación con Ortiz Ahlf para influir en resoluciones judiciales de alto perfil.

La solicitud ante la SEC se da en un contexto tenso en México, pues en medio de las investigaciones se está llevando a cabo el proceso de selección de nuevos ministros para la SCJN. Algunos actores dentro del proceso electoral estarían buscando financiamiento a través de conexiones con el sistema judicial. Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado como parte de su estrategia para erradicar la corrupción dentro de la institución.

Recientemente, la ministra Loretta Ortiz Ahlf defendió su integridad en una declaración pública, subrayando que, a lo largo de su carrera en el Poder Judicial, no ha existido ni un solo rumor que comprometa su ética profesional. “El río cuando suena es porque agua lleva, y en mi caso no hay ningún rumor, nada, porque he sido toda mi vida una persona honesta”, afirmó Ortiz Ahlf en una entrevista este fin de semana.

Este caso resalta las tensiones entre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la influencia de actores externos en el sistema judicial mexicano. La resolución de las investigaciones pendientes podría tener implicaciones profundas tanto para el Poder Judicial como para la política mexicana en general.