El estatus de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos coloca a sus habitantes en una situación única y controversial: aunque poseen la ciudadanía estadounidense, no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales. Esta paradoja se ha vuelto tema de discusión tras comentarios ofensivos en un mitin de Donald Trump, donde el comediante Tony Hinchcliffe calificó a la isla de “basura flotante en el océano”. Aunque la campaña de Trump se distanció de los comentarios, estos pusieron nuevamente el foco en el limitado poder político de los puertorriqueños y el estatus territorial de la isla.
En Puerto Rico residen 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses que, aunque pueden votar en las primarias de los partidos, no tienen permitido participar en la elección presidencial. Esta limitación se extiende a otros territorios estadounidenses como Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU. Paradójicamente, puertorriqueños que residen en cualquiera de los 50 estados o en el Distrito de Columbia sí pueden votar, lo que ha llevado a muchos a calificar la situación como discriminatoria.
Con una población puertorriqueña en Estados Unidos continental que supera los 6 millones, este grupo se convierte en el segundo bloque hispano de votantes más grande del país. La situación también ha alimentado un sentimiento de frustración y exclusión entre los boricuas, quienes ven cómo decisiones en Washington impactan en su vida sin que puedan influir en ellas.
La raíz de esta peculiar situación se encuentra en la Constitución de Estados Unidos, que fue redactada en 1787. En ese entonces, Puerto Rico aún era una colonia española, y no fue hasta 1898 que Estados Unidos tomó control de la isla tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Sin embargo, la anexión de Puerto Rico como territorio no implicó una ciudadanía plena para sus habitantes, quienes han estado en un limbo político desde entonces.
En 1901, los llamados “Casos Insulares” dictaminados por la Corte Suprema de EE.UU. definieron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, no tendrían automáticamente los mismos derechos que los estados. Aunque en 1940 se les otorgó la ciudadanía estadounidense, Puerto Rico siguió sin poder votar en elecciones presidenciales ni tener representación plena en el Congreso.
En la isla, el descontento ha crecido junto a un movimiento independentista, especialmente entre los jóvenes. Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, señala que muchos jóvenes cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos, considerando la limitada influencia que tienen en las decisiones federales y la persistente crisis económica de la isla.
En el Congreso, no ha habido interés real en convertir a Puerto Rico en el estado 51, pues esto implicaría otorgarle dos senadores y representación proporcional en la Cámara de Representantes, lo cual cambiaría el equilibrio de poder en Washington. A pesar de los referendos en la isla que apoyan esta idea, la baja participación y el carácter no oficial de estas votaciones han frenado cualquier avance.
El sentimiento de descontento se vio agravado tras el huracán María en 2017, que devastó Puerto Rico y dejó al descubierto la fragilidad de su infraestructura. La respuesta tardía y para muchos insuficiente del gobierno federal en aquel entonces, bajo la administración de Trump, dejó en evidencia la desigualdad en el trato hacia los boricuas. Desde entonces, la isla enfrenta una profunda crisis económica que ha llevado a miles de puertorriqueños a emigrar al continente en busca de mejores oportunidades.