CDMX a 15 de agosto, 2024.- En México, el bienestar mental de los trabajadores se está convirtiendo en una crisis silenciosa pero devastadora. Con un aumento alarmante en trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés laboral, la demanda de psicólogos clínico-laborales nunca ha sido más crítica. La Secretaría de Salud revela que aunque casi el 20% de la población sufre de algún trastorno mental, el país cuenta con menos de cuatro profesionales de salud mental por cada 100,000 habitantes.
En el ambiente laboral, la situación es particularmente grave. El Síndrome de Burnout, recientemente clasificado como enfermedad laboral, ha mostrado la necesidad urgente de abordar la salud mental en los espacios de trabajo de manera seria y estructurada. Los costos de ignorar esta necesidad son altos, incluyendo alta rotación de personal, bajas por enfermedad y una disminución notable en la productividad y moral.
La falta de especialistas y recursos dedicados a la salud mental laboral está agravando un problema ya de por sí crítico. “Necesitamos abrir de verdad la discusión sobre salud mental, no solo con charlas superficiales sino con acciones concretas y bien fundadas,” explica un experto en salud laboral durante un simposio reciente sobre bienestar en el trabajo.
Las empresas mexicanas enfrentan el desafío de cómo integrar efectivamente medidas de salud mental sin incurrir en costos prohibitivos. “Las compañías deben dejar de ver la salud mental como un gasto adicional y empezar a verla como una inversión en su capital más valioso: sus empleados,” añade.
México ha hecho esfuerzos, como la implementación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-035), para prevenir riesgos psicosociales en el entorno laboral. Sin embargo, la adopción ha sido inconsistente y muchos empleadores todavía no saben cómo aplicar estas regulaciones efectivamente.
Propuestas para mejorar esta situación incluyen financiamiento estatal para la formación de más psicólogos laborales, incentivos fiscales para las empresas que implementen programas de salud mental, y un mayor cumplimiento y expansión de la NOM-035 para incluir evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales y desarrollo de planes de acción claros.