Por Juan Pablo Ojeda
En una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresó la determinación de los jueces y magistrados de llegar “hasta las últimas consecuencias” en su protesta contra la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes Velázquez aseguró que la reforma propuesta, que busca la elección popular de jueces y ministros, tendría consecuencias devastadoras para el país. Según la directora de Jufed, la reforma podría desencadenar un “grave problema social” y una “afectación a la República” si se lleva a cabo.
El paro indefinido iniciado esta mañana por jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de la Federación busca oponerse a esta reforma. Durante el paro, solo se atenderán casos urgentes, mientras que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral seguirán operando.
“Estamos enfrentando un momento crucial para la República”, declaró Fuentes Velázquez, subrayando que la reforma busca concentrar el poder en una sola entidad, algo que considera inaceptable para el respeto a los derechos humanos que garantiza el Poder Judicial.
Fuentes Velázquez también rechazó las afirmaciones del presidente López Obrador sobre corrupción y privilegios en el Poder Judicial, calificándolas de “sumamente agresivas” y desmentiendo la idea de que los trabajadores del poder judicial son parte de una élite corrupta.
La directora de Jufed hizo un llamado a la ciudadanía para que comprenda la necesidad del paro, a pesar de la interrupción en la impartición de justicia. “Pedimos a la sociedad que entienda nuestro clamor y el reclamo al Legislativo y al presidente de la República para que reconsideren esta reforma”, manifestó.
El paro ha sido respaldado por jueces y empleados de los 932 órganos jurisdiccionales en todo el país, quienes se han unido en un esfuerzo común para proteger la independencia del Poder Judicial y asegurar que se mantenga el respeto por los derechos fundamentales en México.