Poder Judicial Denuncia Reforma de AMLO ante la OEA
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En un paso significativo en la lucha por la autonomía del Poder Judicial en México, varias organizaciones de trabajadores del sector han recurrido a instancias internacionales para plantear sus preocupaciones sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado de prensa emitido el pasado 19 de agosto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo Guardianes de la Constitución, y el colectivo Circuitos Unidos Trabajadores de Poder Judicial de la Federación, con el respaldo de Iniciativa Americana por la Justicia, anunciaron que han solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El comunicado de prensa detalla que esta solicitud a la CIDH responde a lo que las organizaciones consideran “situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable” a la independencia y autonomía del Poder Judicial en México. Las agrupaciones han entregado un documento que expone en detalle los antecedentes de la reforma constitucional promovida por el presidente López Obrador, así como la intervención de la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas.
La reforma en cuestión, impulsada por el partido Morena, ha sido objeto de intensas críticas por su potencial para vulnerar los principios fundamentales de independencia judicial. Las organizaciones argumentan que las modificaciones propuestas podrían permitir interferencias arbitrarias en la labor judicial, afectando gravemente la imparcialidad y autonomía que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
En su comunicado, las agrupaciones afirman que su solicitud de medida cautelar ante la CIDH tiene como objetivo principal “entablar un diálogo productivo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, para asegurar que la reforma sea revisada de manera exhaustiva y adaptada a los derechos y estándares internacionales vigentes. “Este esfuerzo colectivo debe ser interpretado como la intención abierta de entablar un diálogo productivo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que permita la revisión amplia de la propuesta y su adecuación a los derechos e intereses en juego, además de las exigencias internacionales vigentes”, señala el comunicado.
El anuncio de esta solicitud internacional llega en un momento crítico, coincidiendo con el inicio de un paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, una medida que refleja el creciente malestar y la preocupación dentro del sector judicial sobre la dirección que podría tomar la reforma. La resolución de la CIDH sobre esta solicitud podría tener un impacto significativo en el futuro de la reforma propuesta y en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México.
