Editor web Maya Comunicación 
Esta semana, la presencia del representante del Partido del Trabajo (PT), Jesús Estrada, en la mesa del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó una serie de reacciones entre los partidos opositores. El motivo de la controversia fue el debate sobre el personal operativo del INE, a raíz de la renuncia de Emilio González Leyva, subdirector de Atención a Usuarios en la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Estrada cuestionó la salida de González Leyva, sugiriendo que se trató de un despido encubierto y criticando el perfil de la nueva persona designada para el cargo. Esta intervención generó una rápida respuesta de los otros representantes, quienes acusaron a Estrada de intentar influir indebidamente en el personal operativo del INE, lo que consideraron una forma de “manosear” la institución.
Miguel Álvarez Alcázar, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció en contra de las declaraciones de Estrada. Álvarez Alcázar subrayó que el Comité de Radio y Televisión no tiene la competencia legal para opinar sobre el personal del INE, defendiendo la autonomía de la institución y llamando al respeto hacia las decisiones internas del INE.
Por su parte, la Encargada de Despacho de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos desmintió las afirmaciones de Estrada, aclarando que la renuncia de González Leyva fue un acto unilateral y voluntario. Además, enfatizó que las decisiones sobre el personal del INE son de exclusiva competencia de la institución, sin injerencia de los partidos políticos.
Al cierre de la sesión pública, la oposición expresó su preocupación por lo que consideraron un primer paso del “Plan C” del PT, que, según sus acusaciones, busca colocar a personajes cercanos a la Cuarta Transformación (4T) en puestos clave dentro del INE. Esta maniobra, sostienen, violaría la autonomía del INE y colocaría a los partidos opositores en una situación de desventaja.
Asimismo, se recordó a Estrada su pasado como miembro del padrón de violadores de mujeres en razón de género, en respuesta a sus comentarios recientes, que se consideraron desatinados y fuera de lugar. La controversia subraya la tensión actual en torno a la influencia política en las instituciones electorales y la percepción de posibles intentos de control desde diferentes frentes.
