Editor web Maya Comunicación Luego de haber sido elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó el documento de sus líneas generales de trabajo, con el que da una guía de cómo llevará a cabo sus labores al frente del máximo tribunal.
En un documento de 34 cuartillas, la ministra presenta más de 30 propuestas en las que hace referencia a la socialización de las labores del Poder Judicial, la defensa de los derechos humanos, aspectos en paridad e igualdad de género, protección a grupos vulnerables como la comunidad de la diversidad sexual, pueblos originarios y afrodescendientes; agilización de los procesos, políticas ambientales, creación de unidades que den celeridad a los trámites, entre otros.
Entre lo más destacado, se encuentra la propuesta de “crear una Unidad que se ocuparía de la implementación y seguimiento de todas aquellas iniciativas en materia judicial. Propondré —señala la ministra presidenta— que funja como enlace con los poderes ejecutivo y legislativo federales para, de ser posible, tener una presencia más activa desde el origen de las iniciativas que nos atañen y ser capaces de transmitir las inquietudes y necesidades a partir de la óptica de quienes llevaremos a cabo su implementación, a fin de enriquecer los proyectos y facilitar, una vez que entren en vigor, su puesta en marcha”.
En otro sentido, el documento abarca “la implementación gradual de una política de «cero papel», que redundará en ahorros de este insumo, así como de aquellos relacionados con la impresión de documentos”, y en materia ambiental, también contempla “crear juzgados especializados en materia ambiental o instrumentar un programa efectivo, serio, completo y con actualización permanente para la especialización judicial en materia ambiental y de cambio climático”.
Asimismo, la jurista habla de ahorro presupuestal, consolidación del nuevo esquema de Carrera Judicial, instauración del servicio civil de carrera en las áreas administrativas de la SCJN y el CJF, fortalecimiento de la Visitaduría Judicial, prevención de la violencia laboral en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, reingeniería administrativa de ambos órganos, actualización y fortalecimiento del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; reorientación y actualización de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y las medidas adicionales en materia de género.
Por otra parte, también atiende a la necesidad de consolidar los medios digitales en la impartición de justicia, transparencia, colaboración interna en materia de archivo, atender las necesidades de los órganos jurisdiccionales y la planeación estratégica institucional; contemplando también la Política de Comunicación Social, el canal Justicia TV y las Redes Sociales institucionales de la Corte.
El documento completo está disponible en el portal de la Suprema Corte
