Colombia a 7 de septiembre, 2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha encendido las alarmas políticas al afirmar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está construyendo un «golpe de Estado» al investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La investigación, revelada por el periodista Daniel Coronell, sostiene que la campaña de Petro excedió los límites de gasto establecidos y recibió financiamiento de fuentes prohibidas por la ley electoral colombiana.
La investigación del CNE, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán del Partido Liberal y Centro Democrático respectivamente, indica que la campaña de Petro sobrepasó los topes de gasto en más de 5,300 millones de pesos colombianos. Además, se mencionan donaciones no reportadas, como 500 millones de pesos del sindicato de educación Fecode y el Polo Democrático. Entre las irregularidades también destaca la participación de Xavier Vendrell, un político catalán cercano a Petro y responsable de los testigos electorales durante su campaña.
Durante la primera vuelta, se habrían cometido siete violaciones a la normativa electoral, incluyendo el uso del Movistar Arena en Bogotá, cuyo alquiler no fue completamente reportado. Para la segunda vuelta, las irregularidades alcanzaron los 1,600 millones de pesos, con vuelos privados y pagos a testigos electorales que no fueron debidamente declarados.
En su defensa, Gustavo Petro ha arremetido contra el CNE a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), acusando al organismo de ir más allá de sus competencias. El mandatario argumentó que la Constitución no permite que un ente administrativo como el CNE suspenda a un presidente en funciones, enfatizando que solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene la autoridad para investigarlo penalmente.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado”, aseguró Petro, sugiriendo una similitud con la situación de Venezuela. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción en el ámbito político y en redes sociales, donde los usuarios se dividen entre quienes apoyan la investigación y quienes consideran que se trata de un ataque político.
El CNE, por su parte, se defiende argumentando que tiene la autoridad para investigar campañas presidenciales en materia administrativa, como ya lo hizo con los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos. La investigación aún no ha sido publicada oficialmente, pero su contenido ha sido motivo de amplio debate en Colombia, ya que cuestiona la transparencia de la campaña que llevó a Petro a la presidencia.
Las acusaciones de Petro sobre un «golpe de Estado» han polarizado aún más el ambiente político en Colombia. Mientras el CNE avanza en su investigación, el futuro del presidente podría verse afectado por las sanciones administrativas que el organismo podría imponer. Sin embargo, cualquier proceso penal o disciplinario deberá pasar por la Cámara de Representantes, donde se decidirá si hay fundamento para una investigación más profunda.
En un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las instituciones electorales, este caso podría sentar un precedente sobre el manejo de las finanzas de las campañas en Colombia y la independencia de los organismos que regulan el proceso electoral.