CDMX, 9 de septiembre de 2023.- En una decisión histórica, el máximo tribunal de México declaró esta semana inconstitucional que el sistema federal criminalice la interrupción del embarazo.
La decisión, aprobada por unanimidad de 10 votos, fue una gran victoria para los defensores del derecho al aborto, que llevaban presionando para que se dictara una sentencia tan amplia desde 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló por primera vez una ley que penalizaba la interrupción del embarazo en el estado norteño Coahuila.
El fallo sentó un precedente legal significativo y allanó el camino para que el sistema de salud federal comience a proporcionar servicios de aborto. En algún momento, eso podría convertir a México en un destino importante para las estadounidenses que buscan abortar y huyen de leyes más restrictivas.
Sin embargo, los defensores mexicanos del derecho al aborto afirman que la promesa de la sentencia de ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no se hará realidad de la noche a la mañana y podría depender de la voluntad política y legislativa del gobierno federal.
Aparte de salvaguardar a las pacientes y a los proveedores de abortos de la persecución judicial, la sentencia tendrá un impacto limitado en el acceso hasta que el sistema federal de salud pública comience a prestar servicios de interrupción del embarazo.
Hasta ahora, el sistema federal sólo estaba legalmente obligado a hacerlo en caso de violación o para preservar la vida de la madre.
María Antonieta Alcalde, directora para América Latina y el Caribe de la organización de derechos reproductivos Ipas, dijo que la implementación práctica de los servicios de aborto -mediante píldora o cirugía- debería ser un estímulo mínimo para la Secretaría de Salud mexicana.
“La cuestión no es la capacidad, sino la voluntad política”, afirmó Alcalde.
La rapidez con que comiencen los servicios federales podría depender de quién se ponga la banda presidencial.
Mientras que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado cuidadosamente expresar sus propias opiniones sobre el aborto, las dos candidatas recientemente nominadas para competir por la presidencia en las elecciones de junio de 2024 apoyan el derecho al aborto.
Claudia Sheinbaum, la exalcaldesa de Ciudad de México propuesta para representar al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), supervisó la derogación de los límites gestacionales para los abortos en casos de violación en la capital en 2021.
Xóchitl Gálvez, la senadora elegida para representar a la principal coalición opositora Frente Amplio por México, ha roto con la plataforma antiaborto de su partido de centroderecha para apoyar el derecho a la interrupción del embarazo.
Como presidenta, cualquiera de las dos candidatas se encargaría de supervisar la aplicación de la sentencia de la SCJ, lo que incluye decidir las condiciones para los abortos legales y presupuestar los servicios de salud reproductiva.
“Creo que su visión del aborto y su apoyo a la prestación de servicios abortivos serán fundamentales”, sostuvo Alcalde.
La decisión de la SCJ es un hito importante en el largo camino de México hacia la plena legalización del aborto. Todavía quedan muchos obstáculos por superar, pero la sentencia es un paso adelante significativo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.