Por Juan Pablo Ojeda
En una sesión privada reciente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el haber de retiro para los ocho ministros que presentaron su renuncia y no participarán en las elecciones judiciales de 2025. La ministra Lenia Batres, quien ocupa su puesto desde 2021, informó que el cálculo para estas pensiones vitalicias se basó en su sueldo actual, que supera incluso el del titular del Poder Ejecutivo, y será un 12.8% mayor que el que recibirían si se tomara como referencia el salario de 2025.
A pesar de que las renuncias se hicieron efectivas a principios de noviembre, la pensión no se materializará hasta que los nuevos ministros tomen protesta, lo que sucederá en septiembre del próximo año. En cuanto al monto del haber de retiro, Batres detalló que los ministros beneficiados recibirán 389,266 pesos mensuales, además de diversas prestaciones, entre las que se incluyen aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional y otros beneficios.
Un gasto millonario para el Poder Judicial
El haber de retiro de estos ocho ministros se sumará a los 23 que ya reciben pensión, así como a las 23 pensiones de familiares de ministros fallecidos, lo que representa un gasto total de 129 millones 521 mil 752 pesos al año, según cifras oficiales de la SCJN. Esta cantidad ha generado cierta polémica, ya que se trata de un gasto elevado, especialmente cuando se considera que los beneficios también incluyen servidores públicos encomendados a cada ministro en retiro, reembolsos por medicamentos y la opción de comprar los vehículos que tenían asignados.
Aunque las pensiones vitalicias de los ministros son un derecho, la rapidez con la que se aprobó este trámite ha sido cuestionada. En particular, la ministra Lenia Batres expresó su desacuerdo con la celeridad de la decisión, señalando que este cálculo contraviene lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 2009, que estipulaba que los nuevos integrantes del Poder Judicial deberían recibir una remuneración menor a la que percibe el Presidente de la República.
¿Qué implica esta decisión para el Poder Judicial?
La aprobación del haber de retiro no solo es relevante por el monto económico que involucra, sino también porque refleja un tema recurrente en la política mexicana: la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Si bien las pensiones vitalicias están dentro de los derechos adquiridos por los ministros, la polémica sobre los montos y las fechas en las que se fijan estos beneficios genera un debate sobre la austeridad y la justicia social.
Además, la aprobación de este trámite también pone en evidencia la política interna de la SCJN, que enfrenta críticas por la falta de transparencia en cuanto a las decisiones que involucran el manejo de recursos públicos. Si bien la mayoría de los ministros votó a favor de la propuesta, la postura de Batres podría abrir un debate más amplio sobre la necesidad de revisar los beneficios de retiro en el Poder Judicial, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el manejo de los recursos públicos.