Por Bruno Cortés
En un contexto donde la economía mexicana depende en gran medida de su industria petrolera, la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, explicó el porqué los legisladores de la Cuarta Transformación están apostando por fortalecer financieramente a Pemex. A través del Derecho Petrolero para el Bienestar, se busca garantizar que la empresa petrolera más importante del país reciba los recursos necesarios para invertir, reducir su deuda y seguir funcionando como un motor del desarrollo económico, la creación de empleos y la soberanía energética de México.
Este nuevo derecho implica una tasa del 30% para el petróleo y del 11.63% para el gas no asociado, lo que permitirá a Pemex obtener más recursos para su capitalización y que estos sean utilizados para fortalecer sus actividades operativas. Según Padierna, esta medida es crucial para garantizar que la empresa siga siendo una pieza clave de la economía nacional, al tiempo que le da mayor autonomía y flexibilidad para gestionar sus finanzas.
Lo interesante de esta medida es que, además de fortalecer la capitalización de Pemex, la Ley de Ingresos 2025 también introduce un plan de austeridad que se calcula ahorrará unos 50 mil millones de pesos. Esto no solo ayudará a que Pemex sea más eficiente en el uso de sus recursos, sino que permitirá reducir la carga fiscal que históricamente ha debilitado a la empresa. Esta carga fiscal excesiva, que la obligaba a entregar una gran parte de sus utilidades al Estado, había sido uno de los mayores lastres para Pemex, impidiéndole reinvertir en nuevos proyectos y modernizar su infraestructura.
Padierna recordó que la situación crítica de Pemex no es reciente. Durante décadas, la empresa fue una fuente vital de ingresos para el gobierno, pero la reforma energética de 2014, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, incrementó considerablemente su carga fiscal. El Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el Derecho por la Extracción de Hidrocarburos (DEH) y el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXH) crearon un peso financiero desproporcionado, convirtiendo a Pemex en una de las empresas más gravadas del mundo. La empresa pasó de ser un motor económico a enfrentarse a una deuda que, en 2018, ascendió a más de 105 mil millones de dólares.
Pero la Cuarta Transformación ha dado un giro en esta historia. El gobierno actual ha tomado decisiones estratégicas para aliviar esa presión fiscal. Por ejemplo, la tasa del DUC se ha ido reduciendo desde 2022, pasando del 54% al 40%, y en 2024 se ajustó a 30%. Esto le da a Pemex un respiro para sanear sus finanzas y continuar con su misión de ser el pilar energético de México.
La diputada Padierna destacó también la importancia de los estímulos fiscales otorgados a Pemex, como los créditos fiscales del 100% sobre el Derecho de Utilidad Compartida y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos durante los primeros meses de 2024. Gracias a estos incentivos, el gobierno ha logrado frenar el crecimiento desmedido de la deuda de Pemex, que al cierre de 2023 había aumentado apenas en 252 millones de dólares desde 2018, un incremento mínimo si se compara con los años anteriores.
Este plan, aunque enmarcado dentro de un enfoque de austeridad, busca recuperar la fortaleza de Pemex para que siga siendo un actor fundamental en la economía de México, sin comprometer su capacidad para generar empleo, inversión y asegurar la independencia energética del país.