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Pemex ha destinado, durante la actual administración, más de 12 mil 700 millones de pesos para la atención de 852 riesgos críticos que afectan al personal, al medio ambiente y a la producción.
Así lo informó el director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza. “Cuando llegamos nos encontramos que había 852 riesgos críticos y, por primera vez, se asignaron recursos para atenderlos, a lo largo de este periodo se han reducido y vamos a concluir con cero riesgos críticos”.
Los riesgos críticos son aquellos que pueden originar fugas y derrames de hidrocarburos o sustancias químicas peligrosas cuyas consecuencias pueden ser catastróficas con afectaciones al personal, población y medio ambiente, así como la pérdida de la producción.
Romero Oropeza indicó que los recursos presupuestales destinados son suficientes para revertir los riesgos. Cabe señalar que la atención de éstos fue una de las acciones que se plantearon para el rescate y el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado ya que el sector petrolero tiene un alto riesgo operativo y es indispensable tener las mejores condiciones de seguridad laboral y productiva.
“Todo esto ha buscado marcar el nuevo rumbo hacia el fortalecimiento del país en materia energética a partir de un nuevo modelo para aprovechar nuestros recursos en beneficio del pueblo”, destacó el directivo.
De los 852 riesgos que se identificaron, al cierre de mayo se han atendido 699, lo que representa 82% del total, y de acuerdo con el funcionario, al finalizar el 2024 quedarán atendidos en su totalidad.
Una de las acciones que ha tomado la empresa para atender estos peligros, es que en el caso de pozos que dejaron de ser productivos, tanto terrestres como pluviales y lacustres, se diseñó un programa especial para taponar 940 de ellos en localidades petroleras del país, en donde se han priorizado los pozos abandonados que representan un mayor riesgo por su cercanía a poblaciones y cuerpos de agua.
Aunado a esto, durante esta administración la empresa se comprometió a dar prioridad a atender el problema de la corrupción y favorecer el desarrollo de comunidades sustentables con componentes sociales, económicos y ambientales.
En lo que se refiere al medio ambiente, en 2021 determinó que era prioritaria la detección del impacto de sus operaciones y se identificaron los riesgos que en caso de materializarse podrían afectar el suelo, agua y el aire, con lo que se estableció un inventario para atenderlos.
