Editor web Maya Comunicación 
Pemex deberá dar a conocer las propuestas de reparación de daño que su exdirector, Emilio Lozoya, y sus abogados, plantearon en 2021 y 2022 por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Adrián Alcalá Méndez recordó que, de acuerdo con los resultados de una auditoría financiera y de cumplimiento, la adquisición de la planta Agronitrogenados no se realizó con las mejores condiciones de precio y de calidad, por ello un juez federal giró una orden de aprehensión, que derivó en el arresto en España del empresario mexicano al que se imputan el pago de sobornos.
Mientras que con relación con el caso Odebrecht, en diversos comunicados oficiales y medios de comunicación se ha divulgado información de la que se puede advertir que se encuentran relacionados servidores y ex servidores públicos de Pemex.
“La única forma de acceder a esta información es únicamente a través del ejercicio del derecho de acceso, lo que permitirá a la ciudadanía identificar a las personas a las que se les atribuye la comisión de los hechos que derivaron en un enorme daño al erario, entre los cuales se encuentran un empresario mexicano que aceptó su responsabilidad y acordó reparar el daño causado”, indicó Alcalá Méndez.
Mediante un comunicado, el INAI informó que una persona que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el instituto, por el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado que reservó la información sobre la reparación del daño a Pemex, argumentando que revelarla podría obstaculizar la persecución de los delitos, el debido proceso y vulnerar la conducción de los expedientes judiciales.
Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez determinó que dar a conocer la información sobre los acuerdos reparatorios no afecta el ejercicio de la acción penal, pues lo que se pretende es reparar el daño al erario, en tanto que el objetivo de los acuerdos es justamente extinguir la acción penal.
Asimismo, advirtió que al encontrarse los procesos en una etapa intermedia no pueden configurarse como procesos judiciales, pues solo tienen como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, los cuales sí serán materia de juicio.
Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de Pemex y le instruyó entregar versión pública de las propuestas de reparación de daño que hizo llegar Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y 2022.
Alcalá Méndez enfatizó que la transparencia debe ser la base, en la estructura que blinde a toda la sociedad mexicana de los actos de corrupción que afectan a todas y a todos, pues sus efectos expansivos invariablemente terminan lesionando los derechos fundamentales de las personas.
«La rendición de cuentas respecto a la información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción es indispensable para brindar seguridad a las empresas, a las personas sobre la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a las normas y a la no impunidad”, sostuvo Alcalá Méndez.
