Editor web Maya Comunicación 
El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente Pedro Castillo, poco después de que el ahora exmandatario decidiera disolviera el Legislativo e instalar un gobierno de emergencia. Se trata de la mayor crisis política en el país andino desde que el dirigente de izquierda llegó al poder, hace poco más de un año.
Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Será sucedido en el poder por su vicepresidenta, Dina Boluarte, a la que le tomarán juramento esta misma tarde.
La votación se produjo horas después de que Castillo disolviera el Congreso en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.
Pedro Castillo fue detenido por la Policía Nacional. Fue trasladado hasta la Prefectura de Lima.
El presidente peruano Pedro Castillo intento más temprano disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia. Los legisladores, que se disponían a votar un pedido de destitución contra el mandatario, afirmaron que la decisión constituía un autogolpe de Estado en toda regla.
En un mensaje televisado a la nación, Castillo -con un evidente temblor en sus manos- dijo que convocaría “en la mayor brevedad” a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.
De acuerdo con Castillo, a partir de la fecha se gobernará mediante decretos ley y habrá toque de queda desde las 22 hasta las 4. También se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
Castillo dijo que “todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas” y que “quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley”.
También estableció que la Policía Nacional, “con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios”.
Por último, llamó a las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de defensa partidarios de Castillo) “y todos los sectores sociales” a que salgan a las calles para defender las medidas.
El anuncio se produjo cuando Castillo se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión, impulsado por un Parlamento que debetiría su remoción por “permanente incapacidad moral”.
La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos, la mayoría por corrupción, y la hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente niega las acusaciones.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de ministros, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.
El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete.
“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, indicó César Landa en su cuenta de Twitter.
“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo”, manifestó en sintonía Kurt Burneo, hasta ahora ministro de Economía y Finanzas.
“Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial”, indicó Alejandro Salas, al dejar la titularidad de la cartera de Trabajo.
“Estamos frente a un golpe de Estado”, apuntó por su parte la diputada fujimorista Martha Moyano, una de las voces de la oposición que criticó el anuncio de Castillo.
En la misma línea se pronunció la exjefa de Gabinete Mirtha Vásquez: “En un estado de derecho no se puede permitir un golpe de Estado. Castillo está replicando el modelo Fujimori que pone en serio riesgo la democracia; ni el rol nefasto de este congreso, ni las investigaciones por corrupción pueden justificar estas decisiones autoritarias”.
