CDMX a 20 de agosto, 2024.- Este lunes, en punto de la medianoche, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación dieron inicio a un paro indefinido de labores en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta, que incluye cambios profundos como la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado un rechazo contundente por parte de los empleados del sector.
La reforma, que será discutida en el Congreso a inicios del próximo mes, ha encendido la oposición no solo de los trabajadores, sino también de los principales partidos opositores. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han expresado su respaldo a los trabajadores del Poder Judicial, argumentando que esta reforma podría poner en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia y los derechos laborales de sus empleados.
Marko Cortés, líder nacional del PAN, subrayó la importancia de mantener la autonomía del Poder Judicial y criticó la falta de consenso en la elaboración de la reforma. “Las y los trabajadores del Poder Judicial deben saber que no están solos, que cuentan con Acción Nacional para defender sus derechos, la división de poderes, y no dejaremos de alzar la voz hasta que este gobierno nos escuche», declaró Cortés.
Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de la reforma. «Nuestra total solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que han iniciado un paro nacional en protesta contra la reforma impulsada desde el poder. Esta reforma pone en riesgo los derechos laborales, la imparcialidad en la justicia y la estabilidad del Estado de Derecho», manifestó Moreno.
Ambos líderes coincidieron en la necesidad de proteger el equilibrio de poderes en el país y aseguraron que sus partidos seguirán apoyando las demandas de los trabajadores hasta que se logre un acuerdo que no vulnere sus derechos ni la estructura del sistema de justicia.
El paro de los trabajadores judiciales marca un punto crítico en el debate sobre la reforma judicial, y la presión sobre el gobierno de López Obrador no muestra señales de disminuir.