Por Bruno Cortés
El Grupo Parlamentario del PAN está decidido a llevar su lucha contra la reforma al Poder Judicial hasta sus últimas consecuencias. La bancada panista considera que esta reforma es “lesiva, tóxica y destructiva” para la democracia en México, y no están dispuestos a dejar que pase sin oposición. En un comunicado reciente, el PAN anunció que agotará todas las instancias legales posibles para bloquear la implementación de esta reforma, que modificará la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Uno de los pasos más inmediatos que han decidido tomar es no participar en la sesión de la Cámara de Diputados donde se pretende declarar la constitucionalidad de la reforma. Según los diputados panistas, esta sesión no ha respetado los principios democráticos ni los derechos de las minorías parlamentarias, lo que consideran una violación grave del proceso legislativo.
La diputada Kenia López Rabadán fue tajante al calificar las irregularidades durante el proceso de aprobación como preocupantes. Asegura que la reforma fue aprobada con falta de deliberación y transparencia, y advierte que permitir su convalidación sería validar actos de autoritarismo. Para evitarlo, el PAN planea presentar amparos y acciones de inconstitucionalidad, y llevar el caso a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.
Ricardo Rubio, otro legislador del PAN, también ha llamado al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a emprender controversias constitucionales para resistir esta reforma. La diputada Margarita Zavala no se quedó atrás y describió la reforma como un ataque directo a la justicia y la democracia, mientras que Federico Döring advirtió que la participación en este proceso mancharía la historia del parlamento mexicano con lo que llamó “las fotos más infames”.
Además de rechazar la reforma en el ámbito nacional, el PAN está dispuesto a actuar en los tribunales para que se revisen las violaciones del proceso legislativo. La bancada asegura que la reforma no cumplió con los estándares de deliberación democrática, excluyó a comunidades indígenas y afromexicanas, y fue aprobada de manera apresurada en las legislaturas estatales sin el debate adecuado.
El grupo panista sostiene que esta reforma pone en peligro la independencia judicial al permitir que los poderes Ejecutivo y Legislativo, dominados por una sola fuerza política, decidan sobre los jueces que resolverán los casos en su contra. Esto, afirman, podría llevar al país hacia una “dictadura perfecta disfrazada de democracia”.
En resumen, el PAN se compromete a defender el Estado de derecho y la democracia con todas las herramientas legales a su disposición, confiando en que los tribunales federales harán justicia en este caso.