La iniciativa de Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un profundo debate y duras críticas por parte de diversos sectores del país, incluidos trabajadores del Poder Judicial, barras de abogados, juristas, académicos y la oposición política.
La propuesta busca significativas modificaciones, como la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la desaparición de sus dos salas actuales. También plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
La ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, ha expresado preocupación de que estas medidas puedan poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial y advirtió que la reforma parece más un cambio motivado por intereses políticos que una mejora sustancial al sistema de justicia.
Actualmente, se están llevando a cabo parlamentos abiertos para discutir la iniciativa con todos los sectores involucrados. Sin embargo, la oposición, representada por el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, ha criticado estas reuniones como una simulación y ha anunciado que presentará su propia contrapropuesta de Reforma Judicial.
En un comunicado, Cortés Mendoza afirmó que el PAN buscará dialogar con jueces, ministros y magistrados, así como con expertos nacionales e internacionales, para proponer una reforma genuina que mejore el sistema policial, las fiscalías y los poderes judiciales a nivel estatal y federal.
El dirigente panista también instó a López Obrador a dejar de lado sus ataques contra los impartidores de justicia y trabajar en conjunto para fortalecer integralmente el sistema de justicia en México. Advirtió que la reforma propuesta podría vulnerar la independencia del Poder Judicial al llevarlo al terreno de la competencia político-electoral y hacerlo susceptible a la intervención de grupos de interés y la delincuencia organizada.
Ante este panorama, Cortés Mendoza llamó a los senadores, donde Morena no tiene mayoría calificada, a unir filas para no aprobar la propuesta en su forma actual y colaborar en la construcción de un sistema de justicia efectivo que prevenga el delito, garantice la seguridad y termine con la impunidad en México.