Por Juan Pablo Ojeda
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Noemí Luna Ayala, ha alzado la voz en el Congreso para pedir que la presidenta Claudia Sheinbaum permita a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dar explicaciones sobre las intimidaciones hacia el Poder Judicial y la negativa del gobierno de acatar las suspensiones relacionadas con la reforma judicial. La situación se ha vuelto tensa, y Luna Ayala considera que es fundamental que se aclare el panorama.
En un comunicado, la diputada hizo referencia a las decisiones judiciales que han exigido la retirada de la reforma del Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que se resuelvan los amparos y controversias interpuestas. “La libertad y la soberanía no pueden estar a merced de amenazas ni chantajes”, enfatizó. Según ella, la presidenta tiene la responsabilidad de dar el ejemplo y respetar la ley, algo que cualquier mandatario en un país democrático debería hacer.
Luna Ayala recordó a Sheinbaum que sus acciones podrían llevar al país a una «crisis constitucional» y que, al incumplir con lo que la Constitución manda, está violando derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Este es un punto crucial, ya que demuestra cómo las decisiones del gobierno pueden tener repercusiones más allá de las fronteras de México.
La diputada también expresó su preocupación por la falta de respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados sobre la existencia de las suspensiones de la reforma al Poder Judicial. A una semana de su petición, aún no se sabe si hay limitaciones que afecten la discusión de la reforma, lo que agrava la incertidumbre en el proceso legislativo.
“Parece que están desesperados, atacando hasta nuestras opiniones y manteniéndose pendientes de lo que hacemos como oposición”, agregó Luna Ayala. Para ella, si el gobierno está seguro de que su reforma es sólida, no debería temer a que sea revisada por los tribunales. Por último, celebró la iniciativa de los jueces de realizar conferencias de prensa para aclarar los comentarios que se han hecho sobre ellos desde las «mañaneras».
En resumen, el GPPAN está exigiendo transparencia y respeto a la ley en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial están al alza. Este episodio ilustra cómo las políticas públicas y las reformas pueden chocar con el marco legal, generando debates cruciales para el futuro del país.