Otorgan libertad condicional para militares en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 24 de enero de 2024 – En un movimiento que ha sacudido el ya turbulento caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocho militares implicados en el caso abandonaron la prisión del Campo Militar Número 1 en la madrugada de este miércoles. La decisión de concederles libertad condicional ha generado una nueva ola de controversia y debate en todo México.

Una jueza federal de Toluca, Estado de México, otorgó la libertad provisional a estos elementos del Ejército Mexicano el sábado pasado. La condición para su liberación incluye una fianza de 50 mil pesos, la firma periódica de los procesados y la entrega de sus pasaportes. Estas medidas, según confirmó Alejandro Robledo Carretero, abogado de los militares, han sido cumplidas satisfactoriamente, garantizando así la liberación de sus representados.

Adicionalmente, se les ha impuesto a los militares la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes, la prohibición de salir del país y de acercarse al estado de Guerrero, así como la restricción de comunicarse con las víctimas o testigos protegidos. Estas condiciones tienen el objetivo de evitar que interfieran en el proceso judicial que aún enfrentan.

Sin embargo, esta resolución de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo no ha sido bien recibida por la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero. El lunes, la FGR anunció que presentará recursos contra esta decisión, acusando a la jueza de ofrecer “ventajas indebidas” y de ignorar resoluciones previas que justificaban la prisión preventiva de los militares.

La FGR también ha criticado lo que considera una manipulación mediática de la situación y ha prometido iniciar acciones que castiguen cualquier acto que obstruya la administración de la justicia. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió a estas acusaciones señalando que la FGR no impugnó la resolución judicial que llevó a la liberación de los militares y que no presentó pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva justificada.

Este nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa no solo revela las tensiones entre diferentes instituciones de justicia en México, sino que también pone de manifiesto la complejidad y la sensibilidad de un caso que ha marcado profundamente a la sociedad mexicana.