La situación de las desapariciones forzadas en México ha llegado a un punto crítico, y las Naciones Unidas han decidido actuar. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha iniciado un procedimiento formal contra el Gobierno mexicano, alertando sobre lo que consideran una «práctica sistemática» de desapariciones en el país. El presidente del Comité, Olivier de Frouville, ha señalado que la ONU ha recibido información seria y preocupante sobre la magnitud del problema en México, lo que ha motivado a dar este paso.

¿Qué está sucediendo en México?

Las desapariciones forzadas en México han sido una crisis de larga data, afectando a miles de familias que buscan a sus seres queridos sin respuesta de las autoridades. Según el Comité de la ONU, las desapariciones no son eventos aislados, sino que forman parte de una práctica extendida y sistemática en diversas regiones del país. Esto ha llevado a la ONU a invocar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que establece un procedimiento formal de investigación.

A lo largo de los últimos años, la violencia y la inseguridad en México han escalado, y las desapariciones de personas se han vuelto un tema central en la agenda nacional e internacional. En 2022, el gobierno mexicano reportó más de 100,000 personas desaparecidas desde 2006. La situación empeoró con el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un lugar relacionado con desaparecidos y víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Respuesta del Gobierno mexicano

En respuesta a la presión internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una serie de reformas legislativas y medidas para enfrentar la crisis. Entre las más destacadas está la creación de una Plataforma Única de Identidad y una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que busca agilizar y centralizar los procesos de búsqueda. Además, Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de integrar propuestas de los colectivos de búsqueda, quienes han sido muy críticos de las políticas públicas actuales.

A pesar de estas medidas, los colectivos de búsqueda han manifestado su insatisfacción. Estos grupos, conformados por familiares de las víctimas, han asegurado que no fueron suficientemente consultados sobre las reformas propuestas. Además, han señalado la falta de reuniones directas con la presidenta, algo que ha generado desconfianza hacia el gobierno y su capacidad para atender adecuadamente el problema.

La situación en el Congreso y las tensiones políticas

El proceso legislativo en México sigue siendo incierto. La presidenta Sheinbaum ha solicitado una pausa para analizar las propuestas de los colectivos, lo que ha provocado una división dentro del gobierno y la sociedad. La Secretaría de Gobernación ha sido clave en las negociaciones, y su titular ha mantenido un acercamiento con los grupos de familiares de desaparecidos. Sin embargo, la falta de resultados concretos ha generado un ambiente de frustración y desconfianza.

Mientras tanto, el Comité de la ONU continúa con su investigación y espera una respuesta formal del Gobierno mexicano. La presión internacional está aumentando, y la comunidad global sigue de cerca los pasos que dará México para enfrentar este problema tan urgente.

Los retos que enfrentan las víctimas

Para las familias de las personas desaparecidas, la búsqueda de justicia sigue siendo una lucha diaria. Los colectivos de búsqueda, como el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, continúan recorriendo el país, revelando hallazgos cruciales, como los objetos personales encontrados en Teuchitlán. Este tipo de hallazgos ha dejado claro que la problemática de las desapariciones forzadas en México no es solo un tema de estadísticas, sino una realidad dolorosa que afecta a miles de familias en todo el país.

¿Qué sigue para México?

Con la ONU tomando cartas en el asunto y los colectivos de búsqueda presionando por cambios, el futuro de las desapariciones forzadas en México depende en gran medida de la respuesta del gobierno. Las reformas propuestas por Sheinbaum serán clave para determinar si México podrá cumplir con sus compromisos internacionales y poner fin a esta crisis humanitaria.