La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por los recientes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la posible elección popular de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalando que esta postura podría generar un clima hostil y afectar la independencia judicial en México.
A través de su Relatora Especial, Margaret Satterthwaite, la ONU destacó que la propuesta de someter la elección de magistrados a votación popular contradice el principio de autonomía de los poderes establecido en el sistema gubernamental mexicano. Además, expresó preocupación por el impacto del discurso negativo del presidente contra los jueces, lo cual podría incitar a la población a actuar de manera adversa hacia ellos.
«Satterthwaite subrayó la importancia de que los altos funcionarios, especialmente el Presidente, eviten hacer comentarios públicos que cuestionen el trabajo de otro poder, especialmente el encargado de impartir justicia en uno de los países más violentos del mundo», señaló la Relatora.
La Relatora también hizo hincapié en que la independencia judicial requiere que los jueces no estén sujetos a amenazas ni riesgos derivados de sus decisiones judiciales, enfatizando que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar su seguridad y protección.
«Aunque reconoció la persistencia de la corrupción judicial que debe ser abordada, Satterthwaite consideró contradictorio y preocupante que altos funcionarios, incluido el Presidente, etiqueten públicamente a ciertos jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ sin fundamentos sólidos», indicó la ONU.
En la misiva emitida, se menciona específicamente que tanto el presidente López Obrador como miembros de su partido, Morena, así como la Procuraduría General de la República, han sido identificados como los principales emisores de críticas y ataques verbales hacia jueces cuyas decisiones no han sido del agrado del gobierno.
La ONU instó al gobierno mexicano a detener estas prácticas y a proporcionar los elementos necesarios para cualquier acusación fundamentada contra jueces y magistrados, subrayando la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial como un pilar fundamental de la democracia en el país.
Hasta el momento, ni el gobierno mexicano ni el presidente López Obrador han respondido oficialmente a las preocupaciones expresadas por la ONU.