El hallazgo de un presunto «campo de exterminio» en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a México y ha generado una fuerte reacción internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) ha exigido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los crímenes cometidos en el Rancho Izaguirre, donde se encontraron restos humanos calcinados, ropa y cientos de objetos personales.

El «Colectivo Guerreros Buscadores», conformado por familias de personas desaparecidas, localizó en la zona hornos clandestinos utilizados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para incinerar cuerpos. Según informes preliminares, en el lugar también se entrenaba a jóvenes reclutados a la fuerza con ofertas de empleo falsas. Aquellos que no cumplían con las exigencias del grupo criminal eran ejecutados.

Liz Throssell, portavoz de la ONU-DH, calificó el descubrimiento como «profundamente perturbador» y lamentó que el sitio hubiera sido intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco sin que se detectaran pruebas clave en ese momento. La ONU-DH instó al gobierno a fortalecer la identificación de víctimas, garantizar la participación de las familias en las investigaciones y asegurar justicia para los afectados.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso, mientras que la Fiscalía de Jalisco anunció que investigará posibles negligencias por parte de servidores públicos. Se cuestiona por qué, tras un operativo en septiembre de 2024 donde se detuvo a 10 personas y se liberó a un secuestrado, no se identificó el uso del rancho como centro clandestino de exterminio.

México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 100,000 personas no localizadas según cifras oficiales. La ONU-DH insistió en la necesidad de mejorar las medidas de prevención, proteger a las familias de las víctimas y fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos han solicitado que este caso no quede impune. Se demanda la aplicación de tecnología forense avanzada para identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como garantizar la seguridad de los familiares que siguen en la incansable lucha por encontrar a sus seres queridos.

El hallazgo en Teuchitlán es un reflejo de la crisis humanitaria que vive México. La presión internacional podría ser clave para garantizar justicia. Mientras tanto, las familias continúan exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad y evite que este caso sea uno más en la larga lista de impunidad.