Las últimas semanas de diciembre de 2024 ha sido testigo de una serie de eventos sociales significativos en México, marcando un cierre de año turbulento para el país. Las calles de varias ciudades se han convertido en escenarios de protestas masivas, reflejando un creciente descontento social y una preocupación generalizada por la seguridad y la estabilidad democrática.
En la Ciudad de México, el Zócalo fue nuevamente el epicentro de una manifestación multitudinaria el 18 de diciembre. Bajo el lema «Por la democracia y contra la inseguridad», cerca de 90,000 personas se congregaron para exigir respeto a la autonomía electoral y expresar su descontento con el gobierno actual.
Esta protesta, organizada por diversos grupos de la sociedad civil, se suma a una serie de movilizaciones que han tenido lugar a lo largo del año, reflejando una creciente polarización política en el país. Paralelamente, el Estado de México ha sido escenario de intensos bloqueos viales.
En Ecatepec, miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) mantuvieron por más de 28 horas un bloqueo en varias vialidades clave. Esta acción, que comenzó el 18 de diciembre, ha generado un caos vial sin precedentes, afectando severamente la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. El impacto económico de estos bloqueos ha sido considerable. Según datos preliminares, las pérdidas económicas superan los 650 millones de pesos, con un ausentismo laboral del 30% en la zona industrial de Ecatepec.
Además, se reporta una caída en las ventas del 80% en los comercios locales, evidenciando el efecto dominó que estas protestas tienen en la economía regional. Estos eventos se desarrollan en un contexto de creciente inseguridad en el país. El año 2024 ha sido catalogado como «especialmente violento» por expertos, con niveles sin precedentes de violencia política durante las elecciones. La decapitación de un alcalde recién electo en Guerrero en octubre pasado fue solo la punta del iceberg de una ola de violencia que ha sacudido al país.
Según datos oficiales, se registraron 2,461 homicidios dolosos solo en el último trimestre del año, equivalente a un promedio diario de 82.3 víctimas. Los factores de riesgo asociados a estos eventos son múltiples y complejos. La persistente desigualdad económica, la fragilidad del Estado en ciertas regiones, y la erosión de la cohesión social son elementos que alimentan el descontento.
Además, la creciente actividad de grupos del crimen organizado, especialmente en estados como Chiapas, donde se han intensificado las disputas entre cárteles, añade una capa adicional de complejidad al panorama social y político del país. Los riesgos psicosociales también juegan un papel crucial en este escenario.
La exposición constante a la violencia, la incertidumbre económica y la polarización política están generando un impacto significativo en la salud mental de la población. Expertos advierten sobre un aumento en los casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones más vulnerables.
En conclusión, México cierra el año 2024 en medio de una tormenta social y política. Las protestas masivas, los bloqueos viales y la persistente violencia son síntomas de problemas estructurales profundos que requieren atención urgente. El desafío para el país en el próximo año será encontrar vías de diálogo y soluciones efectivas que aborden no solo los síntomas, sino las causas raíz de este malestar social generalizado.