El partido Morena ha vuelto a sacudir el tablero político mexicano, ahora con Oaxaca como el epicentro de su nuevo experimento de poder judicial: un audaz intento de controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso de Oaxaca no puede ser ignorado. El gobernador Salomón Jara, apoyado por la mayoría Morenista en el Congreso oaxaqueño, en menos de un cuarto de hora, ha disuelto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO), para erigir en su lugar un nuevo tribunal denominado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO). Este cambio de paradigma, que ha contado con siete nuevos magistrados alineados con Jara, tiene implicaciones significativas y posiblemente perjudiciales para la justicia en Oaxaca y, potencialmente, en todo México.
El nuevo tribunal, que fue creado en medio de un debate entre los diputados Luis Alfonso Silva Romo de Morena y Leonardo Díaz del PAN, plantea serias preguntas sobre su legitimidad y justicia. Mientras Silva Romo argumenta que el cambio es necesario para la austeridad y la eficacia, Díaz acusa la movida de ser autoritaria y carente de un análisis adecuado.
Con el TJACCO en funcionamiento, cualquier conflicto con el gobierno de Oaxaca se resolverá en un tribunal administrativo creado a capricho por Jara. Los ciudadanos oaxaqueños ahora enfrentan la amenaza de derechos y multas desmedidos, expropiaciones y permisos negados, con pocos recursos para apelar o impugnar. Jara, de alguna manera, se ha erigido como el «pequeño emperador» de la región, y el temor de que este modelo pueda extenderse a la SCJN es cada vez más real.