CDMX a 24 de septiembre, 2024.- La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue encontrando obstáculos legales. Esta vez, la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, emitió una suspensión definitiva que ordena eliminar la publicación de la reforma del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), realizada el pasado 15 de septiembre.
La jueza argumentó que dicha reforma viola principios fundamentales de la Constitución, afectando directamente la independencia judicial y los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial. La denuncia fue interpuesta por una trabajadora del sistema judicial, quien consideró que la reforma vulneraba sus derechos.
La decisión de Juárez Salas señala que la publicación del decreto es inválida mientras el juicio de amparo continúe, dejando en suspenso la aplicación de la reforma hasta que se emita una sentencia definitiva. Según la magistrada, permitir que la reforma siga su curso sería darle prioridad a un interés público de manera arbitraria, lo cual violaría el artículo primero de la Constitución, que protege los derechos humanos.
Este es solo el más reciente de una serie de amparos interpuestos por jueces contra la polémica reforma, la cual contempla, entre otras medidas, la elección de jueces y ministros mediante voto popular. Hasta el momento, ya son siete las suspensiones emitidas por distintas instancias judiciales, lo que subraya el rechazo que ha generado la reforma dentro del propio sistema judicial.
La jueza Juárez Salas destacó que, de no haber procedido de esta forma, los derechos fundamentales de la denunciante —como la imparcialidad, objetividad y profesionalismo de la justicia— podrían haber sido gravemente afectados.
Aunque esta suspensión es temporal, representa un golpe simbólico importante contra la reforma, que ha sido criticada tanto por el Poder Judicial como por diversos sectores políticos y de la sociedad. Las suspensiones previas han logrado frenar parcialmente el avance legislativo, y esta última medida refuerza la idea de que el proceso judicial en torno a la reforma aún está lejos de concluir.