Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2023. En un giro reciente que ha avivado las conversaciones sobre finanzas públicas en México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado un nuevo préstamo de 700 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta petición para «mejorar la cobertura de las pensiones», con un plazo de amortización de dos décadas, se suma al endeudamiento acumulado del país y enciende las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal de México.
Pese a las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desvinculándose de negociaciones para financiar programas sociales a través de créditos multilaterales, la realidad es que el nuevo crédito incrementa la deuda del gobierno mexicano con el BID a un total de al menos 1,886 millones de dólares para el periodo 2019-2024. Esto representa un incremento notable en comparación con la administración previa de Enrique Peña Nieto, cuyo endeudamiento público aumentó en 11.9 puntos porcentuales del PIB.
Sin embargo, al colocar los números bajo la lupa, la velocidad del aumento de la deuda pública en la era de AMLO representa solo un 20% del ritmo visto durante el sexenio de Peña Nieto. Además, la actual administración ha enfatizado una reducción en el uso de líneas de crédito de la banca multilateral, reportando un financiamiento neto 45% menor que el de los primeros cuatro años de Peña Nieto y un 80% menor que el de la gestión de Felipe Calderón.
Aún así, el argumento de la administración de que el principal recurso de financiamiento del país es el programa local, y que los fondos extraordinarios de organismos internacionales se destinan únicamente a proyectos con valor agregado, no aplaca las inquietudes sobre la capacidad de México para manejar su carga de deuda en aumento. El nuevo crédito del BID, pese a ser parte de un endeudamiento más moderado, plantea interrogantes acerca de las estrategias de financiamiento gubernamentales y la viabilidad a largo plazo de la política fiscal mexicana.
Con el ojo puesto en la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal, este nuevo capítulo en la gestión de la deuda pública del país promete generar un intenso debate en la arena política y económica, donde los ciudadanos, analistas y actores políticos buscan señales claras sobre la dirección financiera que México tomará en los años venideros. La sostenibilidad fiscal se ha convertido en una pieza clave en el tablero político, con la deuda pública como uno de sus escaques más observados y discutidos.