Por Juan Pablo Ojeda
Alrededor de la una de la tarde, un grupo de civiles lanzó explosivos de fabricación casera contra las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Este incidente ocurrió durante un mitin organizado por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes se manifestaron en las inmediaciones del edificio como parte de las jornadas de protesta por el décimo aniversario de la trágica noche de Iguala, Guerrero.
El acto, encabezado por las familias de los jóvenes desaparecidos, reunió a decenas de manifestantes, incluidos jóvenes identificados como presuntos normalistas, algunos de los cuales llevaban el rostro cubierto. Durante la protesta, varios asistentes escribieron consignas con aerosol en las paredes del edificio, exigiendo justicia en un caso que continúa sin resolverse.
En un momento de tensión, un grupo no identificado lanzó petardos, lo que provocó que desde el interior de la Segob se arrojara gas lacrimógeno. “Es una cápsula muy pequeña, pero nos afectó a la mayoría”, comentó un integrante de la Brigada Marabunta, añadiendo que el artefacto carecía del número de registro habitual en armerías, lo que dificulta su identificación.
Preliminarmente, se informó que el incidente causó únicamente daños materiales, como vidrios rotos en la sede de la Segob. La manifestación interrumpió el flujo vehicular sobre la avenida Bucareli, aunque la vialidad fue despejada poco después de la detonación de los explosivos.
Minutos antes del mediodía, familias y normalistas provenientes de Guerrero llegaron en autobuses a la capital para llevar a cabo la protesta en busca de justicia. Tras el mitin en la Segob, se espera que los manifestantes se dirijan al Antimonumento +43, ubicado en Paseo de la Reforma, frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Es importante destacar que el 27 de agosto, las familias de las víctimas rompieron el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, debido a la falta de avances significativos y la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proporcionar información relevante sobre el caso. El vocero y abogado de las familias, Vidulfo Rosales, expresó su esperanza de que la próxima administración de Claudia Sheinbaum Pardo muestre voluntad para colaborar y buscar una resolución al caso.