En rueda de prensa efectuada en el Senado de la República, Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, asesinada por elementos del Ejército el 31 de agosto pasado en Nuevo Laredo, afirmó que “no, no tengo ninguna duda, fueron ellos”. E indicó que así lo ratifican los testimonios de su hijo y de la pareja sentimental de su padre, quienes sobrevivieron al ataque en que murió su hija.
Acompañada por el Senador Independiente y Coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, la señora Cristina Araceli, dijo que el Ejército la ha estado presionando para que reciba una indemnización para cerrar el caso.
Sin embargo, se ha negado y por ello viajó a la Ciudad de México con la esperanza de que en ejercicio de su derecho de audiencia, sea recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que escuche su versión de lo ocurrido y cómo es que no se trató de ningún enfrentamiento cuando soldados dispararon al vehículo en que su hija era trasladada al hospital donde ella trabaja, para atender un problema de salud.
“No vengo a pedir dinero, lo único que vengo a pedir justicia y que encarcelen a los responsables, para que mi niña pueda descansar en paz”, afirmó.
Con respecto a lo sucedido el 31 de agosto, el presidente López Obrador dijo que de acuerdo con lo que le informó el titular de la Defensa, General Luis Crecencio Sandoval González, había ocurrido un enfrentamiento. Esto, es rechazado por la familia Pérez Rodríguez.
“Que me abra las puertas de la Presidencia y escuche mi versión verdadera. Tengo el derecho de que pueda ser escuchada por él, para que me ayude a hacer justicia y mi niña pueda estar en paz; igual mi familia; mi hijo Kevin, sicológicamente está muy afectado, y yo estoy igual sin palabras, muy triste, extraño a mi niña. Que no quede impune y se haga justicia para toda la ciudadanía de Nuevo Laredo y no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos”.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, y el abogado Roberto Fuentes Martínez, denunciaron lentitud en las investigaciones y solicitaron a la Presidencia de la República escuchar a las víctimas y no quedarse únicamente con la versión del General Sandoval González.
En tanto, el Senador Álvarez Icaza Longoria precisó que el caso no puede quedarse en el ámbito castrense y debe ser juzgado por el fuero civil,
“No hay duda, necesariamente tienen que ser investigados y sancionados en instancias civiles. Tratándose de afectaciones a población civil, sin demerito de que pudiera haber una sanción militar, el proceso tiene que ser en el fuero civil. México tiene obligaciones internacionales y tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que todos los hechos en la comisión de delitos con la participación de militares, donde estén involucradas personas civiles, tienen que tratarse en el fuero civil indiscutiblemente”.
Destacó que “los militares tienen que ser sancionados por la Fiscalía General de la República y presentados ante un juez civil. Esperamos que la Fiscalía no se comporte como abogado de oficio de los militares que de por sí ya mucho poder tienen”.
El legislador informó que la familia Pérez Rodríguez han tenido contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, para elevar su solicitud de audiencia en Palacio Nacional en su legítimo reclamo de justicia.
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