En México, hay un sector de la población que crece en condiciones que la mayoría de nosotros no podemos imaginar: los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Viven entre barrotes, con poco espacio, y lejos del mundo que deberían conocer. Estos niños no eligieron nacer en un centro penitenciario, pero su realidad es tan cruda como cualquier otra. Es por eso que la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, presentó una iniciativa con el objetivo de mejorar la vida de estos menores, para garantizar que sus derechos sean respetados y que tengan acceso a una infancia digna, a pesar de las circunstancias.

La propuesta de Luna Ayala busca que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las autoridades de cada estado, trabajen en coordinación con las prisiones para vigilar y verificar los derechos de los menores que viven en los centros penitenciarios con sus madres. Además, se plantea la creación de una base de datos que permita monitorear el número exacto de niños y niñas que nacen y/o viven en estos centros.

¿Por qué es necesario esto? Porque la situación de los menores en las cárceles es alarmante. Según la diputada, muchos de estos niños crean su propio mundo dentro de esos muros, pues no tienen acceso a un entorno adecuado para su desarrollo. Nacen, crecen y se desarrollan en un lugar que debería ser solo para adultos, lo que limita su acceso a educación, recreación y hasta a cuidados médicos adecuados. Las condiciones de vida en estos centros son, evidentemente, inadecuadas, y los menores tienen poco o ningún contacto con el mundo exterior.

El problema es más grande de lo que parece. En el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2023, emitido por el INEGI, se reportó que el año pasado ingresaron a las cárceles federales y estatales casi 150,000 personas, y de ellas, 282 eran mujeres embarazadas. De estas, más de la mitad se encontraban en periodo de lactancia. Pero el dato más impactante es que 343 mujeres privadas de libertad vivieron con sus hijos e hijas menores de seis años dentro de las cárceles. La Ciudad de México es la que concentra la mayor cantidad de estos menores.

Pero aún más preocupante es que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los 281 centros penitenciarios en todo el país, hay 12 estados que no cuentan con centros específicos para mujeres, lo que obliga a las reclusas a compartir espacios mixtos con hombres, lo que puede poner en peligro tanto a las madres como a sus hijos.

La diputada Luna Ayala destaca que su iniciativa no solo busca visibilizar esta situación, sino también ofrecer soluciones claras para mejorar la información sobre los niños y niñas que viven en prisión. Esto es clave, porque el seguimiento adecuado es esencial para garantizar que estos menores reciban atención y servicios que les permitan crecer y desarrollarse de manera saludable, incluso dentro de un contexto tan complejo como una prisión.

Es necesario que las autoridades estén al tanto de las condiciones en las que viven estos niños y que se tomen medidas para garantizar su bienestar. La iniciativa de la diputada PANista no es solo un llamado de atención, sino una propuesta para