Quintana Roo da un paso significativo en la lucha contra la corrupción al inaugurar su nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, tras desmantelar el organismo anterior creado en 2016 durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge. Este nuevo tribunal, que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, se presenta con una novedad destacada: las cinco magistraturas que lo integran están en manos de mujeres.
En una sesión ordinaria del Congreso Local, se nombró a Claudia Carrillo Gasta, Mayra San Román Carrillo Medina, Nayeli del Carmen Solís, Minerva Maribel Moreno y Rubí Guadalupe Sulub como magistradas. Estas profesionales, que han tomado protesta y comenzado sus funciones de inmediato, tendrán un mandato de 12 años.
Jorge Sanén Cervantes, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVIII Legislatura, destacó la complejidad del proceso de selección, que involucró a 15 aspirantes. «No fue una decisión fácil, pero confío en que elegimos a las mejores opciones. Su tarea será de gran responsabilidad, ya que tendrán que combatir la corrupción que tanto daño le ha causado a nuestro estado y a nuestro país», afirmó.
Sanén Cervantes resaltó la importancia de la Cuarta Transformación, que se está llevando a cabo en la región, y subrayó que esta iniciativa tiene «rostro de mujer». Este nombramiento coincide con la creación de la Secretaría de las Mujeres, propuesta por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, convirtiendo a Quintana Roo en la primera entidad en homologar esta secretaría tras la elevación del Instituto Nacional de las Mujeres a Secretaría de Estado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador también recordó la deuda histórica que aún existe con las mujeres, enfatizando que, hace 50 años, ellas ni siquiera tenían derecho a votar en el estado. «No pensemos que se les está regalando algo, sino que era un derecho que merecen y se han ganado, luchando en un país machista», sentenció.
Este cambio en la estructura judicial de Quintana Roo no solo representa un avance en la lucha contra la corrupción, sino que también refuerza el compromiso del estado con la equidad de género y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.