Editor web Maya Comunicación 
En una significativa sesión, el pleno del Congreso local aprobó una proposición que insta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, a intensificar los esfuerzos para juzgar con perspectiva de género a la población penitenciaria, en particular a las mujeres recluidas. Esta solicitud surge en un contexto preocupante, ya que el número de mujeres sin sentencia ha aumentado drásticamente, pasando de 557 en 2020 a 661 en lo que va de 2024.
La diputada Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la encargada de exponer la propuesta. En su intervención, Peralta enfatizó que “detrás de cada número en una estadística hay una historia de vida interrumpida, de sueños postergados y de familias separadas”. Hizo un llamado urgente a abordar la problemática de la prisión preventiva prolongada, describiéndola como una “deuda pendiente con la justicia y la dignidad humana”.
La diputada destacó que la entrada al sistema carcelario transforma radicalmente la vida de las personas, pues ser privado de libertad conlleva a una resignificación de la identidad, sometida a un rígido control sobre el uso de los espacios y tiempos impuestos por la institución penitenciaria. Alarmantemente, el 90 por ciento de las mujeres en prisión son abandonadas por sus familias y estigmatizadas por la sociedad, lo que agrava su situación.
Además, citó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, quien ha reiterado que las prisiones en México albergan, en su mayoría, a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan una vulnerabilidad extrema debido a las precarias condiciones de detención.
En la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Penitenciarios ha reportado que, desde 2020 hasta agosto de 2024, la población procesada supera las 34 mil personas, de las cuales casi 3 mil son mujeres. El alarmante incremento del 80 por ciento en el número de mujeres sin sentencia refleja una crisis que requiere atención inmediata.
Rebeca Peralta concluyó su intervención señalando que, a pesar de los avances en el ámbito penitenciario, “aún hay mucho por hacer”. Reconoció que, si bien quien comete un delito debe asumir la responsabilidad de sus actos, es fundamental garantizar que el proceso judicial se realice con una perspectiva de género que promueva la justicia y respete la dignidad de todas las personas involucradas.
Este llamado a la acción del Congreso es un paso crucial hacia la reforma de un sistema que aún debe adaptarse a las realidades de las mujeres en prisión, asegurando que su tratamiento sea justo y humano.
