CDMX a 14 de octubre, 2024.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con el respaldo de Morena y sus aliados, las leyes secundarias de la reforma judicial que regirán la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados en 2025. Esta decisión marca un avance clave en el proceso de transformación del Poder Judicial y ha generado intensos debates entre legisladores, con posiciones encontradas sobre su impacto en la independencia judicial
Las leyes aprobadas:
Entre las normas avaladas destacan:
- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 26 votos a favor y 10 en contra.
- Modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fueron aprobadas con 31 votos a favor tras resolver reservas planteadas por la oposición.
Ambas leyes pasan ahora al Pleno de la Cámara de Diputados, donde serán discutidas para su eventual aprobación. Este paquete de reformas busca modificar las reglas de operación del Poder Judicial, alineando sus procesos con un modelo de elección directa por voto popular
El debate en la Comisión de Justicia estuvo marcado por las críticas hacia el sorteo de vacantes realizado por el Senado el 12 de octubre. Legisladores de oposición, como Margarita Zavala (PAN), señalaron que este proceso «ridiculiza» el trabajo de jueces y magistrados, y advirtieron que podría abrir la puerta a influencias del crimen organizado en la selección de cargos judiciales.
Zavala expresó su solidaridad con los afectados, afirmando: “En la mayor ola de violencia en México, el gobierno decide destruir al Poder Judicial y abrir espacios al narcotráfico.” En respuesta, Lilia Aguilar, diputada de Morena, defendió la reforma, acusando al PAN de tener nexos históricos con el crimen organizado, citando el caso de Genaro García Luna y su proceso judicial en Estados Unidos
La aprobación de estas leyes secundarias ha generado un debate nacional sobre el futuro de la independencia judicial en México. Los críticos temen que la elección popular de jueces pueda politizar el sistema judicial, mientras que los defensores de la reforma sostienen que democratizará el acceso a los cargos judiciales y fortalecerá la justicia social.