Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
En el corazón de San Lázaro, en la Cámara de Diputados federal, donde las decisiones de Estado se toman entre discursos y debates encendidos, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió con firmeza la última iniciativa de reforma constitucional que busca blindar las modificaciones a la Carta Magna. Pero este no es solo un ajuste legal, es un mensaje claro: nadie puede impugnar lo que el Constituyente decide.
Monreal, con la serenidad que lo caracteriza, explicó a los medios que esta propuesta tiene como objetivo «reafirmar la supremacía del órgano reformador», un concepto jurídico que podría sonar abstracto, pero que en palabras simples, significa que ni las controversias constitucionales, ni los juicios de amparo, podrán usarse para echar abajo una reforma constitucional. Así de claro.
Esta reforma, que tocará los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, busca cerrar cualquier posibilidad de que los tribunales invadan el terreno de las reformas constitucionales. «No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución», recalcó Monreal, casi como si estuviera dictando una sentencia firme.
¿Por qué es esto importante? Porque los jueces de la Suprema Corte ya no podrán intervenir cuando se trate de reformas constitucionales, ni siquiera si afectan derechos fundamentales o si hay dudas sobre su proceso de aprobación. El mensaje entre líneas es evidente: la mayoría legislativa manda, y no hay marcha atrás una vez que el Constituyente decide.
Durante la conferencia, Monreal explicó que el artículo 105 se reforzará para que las controversias constitucionales no puedan tocar las reformas, y el 107 será modificado para que los amparos tampoco puedan hacer lo propio. En otras palabras, cualquier intento de usar la vía judicial para frenar o revertir una reforma constitucional quedará eliminado de un plumazo.
«Nosotros estamos actuando conforme a la Constitución y vamos a ubicar en la supremacía al órgano reformador», remató Monreal, dejando claro que el Congreso y las legislaturas locales tienen la última palabra.
Más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego aquí es el poder del Legislativo frente al Judicial. Monreal dejó entrever que esta reforma no solo es para reafirmar el control del Constituyente permanente, sino para evitar «el uso discrecional de los órganos de justicia». ¿Qué significa eso? Que nadie podrá usar los tribunales para cuestionar las decisiones del Congreso, ni siquiera en temas electorales.
Para algunos, esta reforma es un blindaje político; para otros, una medida necesaria para evitar «arbitrariedades». Lo cierto es que el Legislativo mexicano está cerrando filas para mantener el control absoluto sobre las reformas constitucionales, y Monreal, como hábil negociador, lo está dejando todo bien atado.
La propuesta será presentada esta semana en el Senado, y su debate promete ser intenso. Mientras tanto, la puerta de los recursos legales contra reformas constitucionales se va cerrando poco a poco, y Monreal, con la calma de quien sabe que tiene la mayoría a su favor, solo reafirma lo que ya está decidido: la Constitución no se toca… salvo por quienes la reforman.
