Ministra Piña admite impugnación del PAN sobre Sobrerrepresentación de Morena
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En el turbulento mar de la política mexicana, la reciente impugnación del PAN contra la supuesta sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados ha encendido una nueva ronda de debates y preocupaciones sobre el equilibrio y la justicia electoral en el país.
El Partido Acción Nacional (PAN), liderado por Marko Cortés, ha llevado su queja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuestionando la asignación de escaños que ha dejado a Morena y sus aliados con una mayoría abrumadora. Según el INE, Morena, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), tendrán 364 escaños en la Cámara de Diputados y 83 en el Senado a partir de septiembre. Esta distribución de poder permite a la mayoría oficialista realizar reformas constitucionales sin necesidad de consenso con la oposición en la Cámara baja y quedarse a solo dos votos de lograr lo mismo en el Senado.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña, ha admitido a trámite la impugnación del PAN, un paso que ha generado una ola de reacciones dentro del ámbito judicial. Sin embargo, no todos en la SCJN ven este paso con buenos ojos. La ministra Lenia Batres ha expresado su preocupación, señalando que la Corte podría estar excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Según Batres, la Constitución no otorga a la SCJN el poder para intervenir directamente en asuntos electorales. En lugar de aceptar la impugnación, ella sugiere que la Corte debería respetar el papel del Tribunal Electoral en la calificación de elecciones, sin presión externa.
El PAN argumenta que la distribución actual de escaños crea una mayoría ficticia que distorsiona el equilibrio político y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la ley. En sus declaraciones, Cortés ha enfatizado que esta sobrerrepresentación no solo altera el balance político, sino que también afecta la legitimidad de las instituciones democráticas.
La situación actual plantea una serie de interrogantes sobre cómo se deben manejar las impugnaciones electorales y qué papel deben desempeñar las diferentes instituciones en la resolución de conflictos. La SCJN y el TEPJF ahora están en el centro de una disputa que podría tener implicaciones significativas para la gobernabilidad y la percepción pública de la justicia en México.
Mientras tanto, el país observa de cerca cómo se desarrollan estos eventos, esperando que se tomen decisiones que garanticen un sistema electoral justo y representativo para todos los ciudadanos.
