Argentina a 27 de febrero, 2025.- En un controvertido movimiento, el presidente argentino Javier Milei ha oficializado el uso de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar grados de discapacidad mental. Esta decisión, plasmada en la Resolución 187/2025, ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de personas con discapacidad.

La Resolución 187/2025, publicada el 14 de enero, establece modificaciones para otorgar pensiones por invalidez laboral en Argentina. Según el Anexo I de esta resolución, los términos “idiota” e “imbécil” se utilizan en la sección XIII Psiquismo, “Retardos Mentales”, para clasificar el déficit en el crecimiento mental y desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Estos términos se basan en una escala de medición de inteligencia de 1905 desarrollada por Alfred Binet y Théodore Simon.

La normativa clasifica a las personas con discapacidad mental en diferentes grupos según su coeficiente intelectual (CI):

• 0-30 (idiota): No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
• 30-50 (imbécil): No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
• 50-60 (débil mental profundo): Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
• 60-70 (débil mental moderado): Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
• 70-90 (débil mental leve): Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura.

Aquellos con “debilidad mental profunda o mayor” tienen derecho a una pensión, mientras que los “débiles mentales fronterizos, leves y moderados” solo califican si no han desarrollado sus disponibilidades básicas ni realizado actividades remunerativas.

Organizaciones argentinas de derechos humanos y de personas con discapacidad, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han mostrado una postura de rechazo, argumentando que la normativa discrimina y estigmatiza a los beneficiarios. Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, señaló que estos términos refuerzan la discriminación histórica y violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como un acto de “violencia institucional sin precedentes” y enfatizó que es una terminología muy violenta y discriminatoria.

La decisión de oficializar estos términos ha generado una fuerte polémica en Argentina, destacando la necesidad de un enfoque más respetuoso y actualizado en la clasificación de la discapacidad mental. Las organizaciones de derechos humanos continúan luchando por la derogación de esta normativa y la adopción de términos que respeten la dignidad de las personas con discapacidad.