Por Juan Pablo Ojeda

El Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, ha anunciado la desclasificación total de los archivos vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983). Esta medida, que se da en el contexto de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tiene como objetivo garantizar el acceso público a la documentación relacionada con las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese período oscuro de la historia argentina.

En una rueda de prensa sin preguntas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el presidente Milei ha instruido la desclasificación completa de todos los documentos almacenados por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que serán transferidos al Archivo General de la Nación. Esta decisión responde al cumplimiento de un decreto presidencial del 2010 (Decreto 4/2010), emitido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero que nunca se implementó por completo.

La desclasificación de estos archivos fue anunciada como parte de un esfuerzo por poner fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos relacionados con las Fuerzas Armadas, que a menudo obstaculizaban las investigaciones judiciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Según Adorni, este paso es una acción crucial para avanzar en la transparencia y en el derecho de la sociedad argentina a conocer la verdad sobre los abusos del pasado.

El gobierno de Milei subraya que los documentos desclasificados abarcan no solo el período de 1976 a 1983, sino también otros períodos relacionados con las actividades militares y guerrilleras. Esta decisión coincide con las movilizaciones de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas que exigen justicia para las víctimas del terrorismo de estado y un acceso pleno a la memoria histórica.

A pesar de que el vocero presidencial no ofreció detalles sobre el contenido específico de los documentos, el gobierno ratificó que los archivos estarán disponibles para la consulta pública, lo que representa un paso significativo en el proceso de reparación histórica en Argentina. La medida responde a la necesidad de continuar con la memoria colectiva del pueblo argentino, promoviendo la justicia y la verdad, al mismo tiempo que se evita el ocultamiento de información relevante.