Por Juan Pablo Ojeda

En un giro dramático en las relaciones entre México y Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, conocido por su papel crucial en el Cártel de Guadalajara y por el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, enfrenta una posibilidad que parecía impensable: la pena de muerte. Tras ser extraditado a Estados Unidos el mes pasado, Caro Quintero podría ser condenado a la pena capital si los fiscales del Distrito Este de Nueva York deciden solicitarla formalmente, lo que marcaría un cambio significativo en la política de extradición entre ambos países.

Durante décadas, México ha sido firme en su postura de proteger a sus ciudadanos de la pena de muerte, lo que ha sido una piedra angular en las negociaciones de extradición. El Tratado de Extradición de 1978 estipula que los delincuentes extraditados de México a Estados Unidos no pueden enfrentarse a la pena capital. Sin embargo, bajo la nueva administración de Claudia Sheinbaum y con el respaldo del gobierno estadounidense, este pacto ha comenzado a desmoronarse, permitiendo que figuras clave del narcotráfico como Caro Quintero y otros 28 miembros del crimen organizado sean enviados sin las garantías anteriores.

Este cambio en la política refleja también la postura más agresiva de la administración de Sheinbaum frente a los cárteles y la violencia en el país. La actual presidenta mexicana ha aprobado la extradición de estos criminales bajo una nueva ley de seguridad nacional, que facilita los traslados sin necesidad de seguir los procesos de extradición convencionales. Esto contrasta con la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien adoptó un enfoque más conciliatorio con los cárteles, buscando reducir la confrontación directa.

A nivel internacional, este movimiento ha generado una creciente tensión, ya que México históricamente se ha opuesto a la pena de muerte, una postura que le ha ganado respeto entre los países que abogan por los derechos humanos. Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha mantenido su visión punitiva de la justicia, buscando incluso la aplicación de la pena de muerte en casos relacionados con el narcotráfico y el asesinato de agentes federales.

El caso de Caro Quintero pone de manifiesto los dilemas éticos y legales que enfrentan ambos países. En México, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero ha señalado que los capos de los cárteles no pueden ser ejecutados bajo la ley mexicana, pero el futuro de Caro Quintero en Estados Unidos podría depender de las decisiones que tomen las autoridades judiciales de ese país, lo que genera un importante punto de fricción en las relaciones bilaterales.

A medida que el juicio de Caro Quintero se acerca, la pregunta sobre si Estados Unidos solicitará la pena de muerte sigue sin respuesta. La decisión final dependerá de la revisión interna de los fiscales y de los debates dentro del Departamento de Justicia, lo que podría prolongarse por meses o incluso años. Además, este proceso reabre el debate sobre la moralidad y la eficacia de la pena capital, un tema que ha dividido a la sociedad estadounidense y que podría tener repercusiones no solo en el caso de Caro Quintero, sino también en el futuro de otros narcotraficantes mexicanos extraditados a EE.UU.

El caso Caro Quintero no solo es un desafío para la política exterior de México y Estados Unidos, sino también para las relaciones diplomáticas y las políticas de justicia de ambos países. Mientras tanto, se espera que la controversia siga alimentando el debate internacional sobre la pena de muerte y la lucha contra el narcotráfico.