Por Juan Pablo Ojeda
México está a punto de marcar un hito en la historia judicial mundial al convertirse en el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular, tras la reciente aprobación de una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta enmienda, que ha suscitado intensas críticas y generado preocupación a nivel internacional, reformará radicalmente el sistema judicial mexicano.
El presidente López Obrador celebró la aprobación de la reforma, argumentando que el poder judicial en México no ha cumplido adecuadamente con su función de impartir justicia. “Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia”, afirmó en su conferencia matutina. Esta reforma, sin embargo, ha tensionado las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, y ha generado nerviosismo en los mercados económicos.
López Obrador, quien entregará el poder a su sucesora Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la reforma en un contexto de fricción con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente ha criticado al máximo tribunal por su supuesta inclinación hacia la corrupción y por ser un bastión de la oposición. La reforma busca que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sea realizada por voto directo, una medida que ha sido calificada por sus detractores como una amenaza para la independencia de los poderes judiciales.
El debate en torno a la reforma ha sido intenso. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha denunciado que la reforma representa la “demolición” del poder judicial, argumentando que la elección popular podría someter a los jueces a presiones políticas y criminales. Además, la reforma ha generado preocupación en Estados Unidos y Canadá, que temen que esta medida dañe la seguridad jurídica bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
El proceso para la implementación de la reforma está en marcha, con la aprobación inicial en el Senado y la necesidad de ser ratificada por al menos 17 congresos estatales. Dada la amplia mayoría que controla el partido Morena y sus aliados en los estados, se espera que esta ratificación no sea un obstáculo significativo. La reforma será efectiva a partir de 2025 y 2027, periodo en el cual se llevará a cabo la elección de casi 1,600 jueces.
La reforma también ha sido criticada por limitar la carrera administrativa basada en méritos y por la posibilidad de instaurar un régimen autoritario. A pesar de las preocupaciones, López Obrador ha subrayado que no hay base legal para que la SCJN impida la reforma.
El proceso de aprobación ha sido tumultuoso, con bloqueos en el Senado y protestas en las calles. El caos en las deliberaciones llevó a que las sesiones fueran trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México.
La reforma judicial en México, por tanto, no solo reconfigura el sistema de justicia del país, sino que también pone a México en una posición única en términos del método de elección de jueces. Aunque Bolivia ha implementado un sistema similar, la independencia de sus jueces también ha sido cuestionada en medio de conflictos políticos.