México seguirá litigando contra fabricantes de armas en EU

Por  Juan Pablo Ojeda

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reafirmó su compromiso en la lucha contra el tráfico de armas al anunciar que proseguirá con acciones legales contra seis de las ocho empresas fabricantes de armas estadounidenses que, según el gobierno mexicano, contribuyen al armamento de bandas del crimen organizado en México.

Este anuncio sigue a la reciente decisión de un juez del Tribunal Distrital en Massachusetts, quien desechó la demanda presentada por México en la que se buscaba una indemnización de 10 millones de dólares. El juez argumentó que no tenía jurisdicción para evaluar la responsabilidad de las empresas demandadas, entre las que se incluyen Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Strum, Ruger.

A pesar del revés en Boston, la SRE destacó que la demanda en contra de Smith and Wesson e Interstate Arms sigue adelante, y que la resolución en este caso no afecta a las acciones legales contra las otras seis empresas. «El Gobierno de México toma nota de la decisión de este miércoles del juez federal de Boston sobre la demanda judicial emprendida por nuestro país. Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizarán los siguientes pasos a seguir», indicó la Cancillería en un comunicado oficial.

Desde octubre de 2020, el gobierno mexicano ha estado en una batalla legal con varios fabricantes de armas, argumentando que estos facilitan el tráfico ilícito de armas de alto poder hacia México, lo cual alimenta la violencia y el crimen organizado. La SRE señaló que continuará explorando opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar la decisión del tribunal de Boston o presentar nuevas demandas en otras cortes estadounidenses.

“El Gobierno de México está comprometido en evitar la fabricación y el tráfico de armas que alimentan la violencia en nuestro país. Las acciones contra las seis empresas mencionadas continúan y estamos evaluando todas las opciones disponibles para garantizar que se rinda cuentas por el tráfico ilícito de armas”, agregó la Cancillería.

Esta estrategia de litigio forma parte de los esfuerzos más amplios del gobierno mexicano para abordar la violencia y los crímenes violentos en el país, que han sido exacerbados por la proliferación de armas de alto poder. México espera que estas acciones legales contribuyan a mitigar el flujo de armas y a mejorar la seguridad en el país.