Por Juan Pablo Ojeda

En un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos sobre la aplicación de la pena de muerte a narcotraficantes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó la postura firme del gobierno mexicano respecto al respeto a los acuerdos internacionales y a la legislación nacional.

Durante su intervención en la conferencia del gabinete de seguridad celebrada este 28 de febrero, Gertz Manero abordó la preocupación por las intenciones del gobierno estadounidense de aplicar la pena capital a narcotraficantes, específicamente aquellos que han sido extraditados por el gobierno mexicano. En su declaración, el fiscal destacó que las sanciones procesales deben ser determinadas por el marco legal vigente en cada país y no por decisiones políticas externas.

“Las penas o sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Nosotros tenemos un acuerdo muy claro de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, afirmó Gertz Manero.

El fiscal agregó que cualquier operación extraditorial que México realice está sujeta a los tratados y convenciones internacionales, por lo que debe cumplirse el compromiso de respetar la legislación de cada nación involucrada. “Nuestra garantía es la ley”, subrayó, dejando en claro que no se permitirá que las decisiones de otros países, como Estados Unidos, afecten el sistema judicial mexicano.

La Postura de EE.UU. Sobre la Pena de Muerte a Narcos

La preocupación de México surgió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública su postura respecto a la extradición de 29 narcotraficantes por parte de México. En el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los nombres más conocidos, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que se evaluará si se le presentarán cargos adicionales de terrorismo y violencia, con base en la Orden Ejecutiva 14157, que restablece la pena de muerte en ciertos casos.

El fiscal general estadounidense también mencionó que la pena capital podría ser aplicada, dependiendo de los cargos que se presenten en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en el marco de la política establecida por la mencionada orden ejecutiva. Este tipo de medidas generó una reacción inmediata en México, dado que el país mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte, la cual fue abolida en 2005 a nivel constitucional.

México y su Postura Contra la Pena de Muerte

México, a lo largo de los años, ha defendido su posición en contra de la pena de muerte en diversos foros internacionales, subrayando que la ejecución de sentencias de muerte contraviene los derechos humanos y los acuerdos internacionales suscritos por el país, tales como el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

La postura de Gertz Manero se enmarca en esta tradición, buscando asegurar que las decisiones políticas o judiciales de otros países, como Estados Unidos, no interfieran con el respeto a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales que México ha suscrito, como parte de su compromiso con la protección de los derechos humanos y la justicia.

Conclusión: Tensiones y Perspectivas

El choque entre los sistemas jurídicos de ambos países pone en evidencia las diferencias en torno al tratamiento de los narcotraficantes y la aplicación de la pena de muerte. Mientras Estados Unidos continúa considerando la pena capital en ciertos casos, México refuerza su compromiso de no aceptar su aplicación en su territorio, independientemente de las presiones externas.

Este intercambio de posturas también refleja las complejidades de las relaciones bilaterales en la lucha contra el narcotráfico, un tema que sigue siendo central en la política exterior de ambos países.