CDMX, 12 de octubre de 2022.- En la demanda presentada por el gobierno Federal, a través de la Cancillería, se alega que cinco tiendas de armas en Arizona, EU, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.
Las empresas demandadas, cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México son:
- Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson).
- SNG Tactical, LLC (Tucson).
- Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports (Tucson).
- Ammo A-Z, LLC (Phoenix).
- Sprague’s Sports, Inc. (Yuma).
La Cancillería explica que esta acción judicial de ninguna manera cuestiona el derecho constitucional a portar armas de los ciudadanos estadounidenses, ni el derecho de las tiendas a vender sus productos de manera responsable y en apego a la ley. La demanda involucra una causa común de ambos países, cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego.
La demanda anterior presentada por el gobierno de México en Boston, Massachusetts, fue la primera demanda presentada por un gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos.
La demanda presentada en Arizona es la primera demanda civil presentada por un gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos, que abastecen el mercado criminal.
Esta última contiene varios argumentaos: que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano.
Una sentencia favorable en este litigio respaldará la primera demanda presentada en Boston, ya que comprobaría que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos.
Los abogados que encabezan la estrategia legal del gobierno de México son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, D.C. Ambos son juristas reconocidos en Estados Unidos en el tema de daño transfronterizo y control de armas.