Por Bruno Cortés
En medio de una crisis hídrica que amenaza la sostenibilidad de México, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) presentó una iniciativa para crear el Fondo Nacional Banco del Agua, un proyecto legislativo que busca financiar obras estratégicas para conservar, tratar y reutilizar el agua en el país. La propuesta, enviada a comisiones legislativas clave, promete transformar la gestión del recurso más vital para comunidades agrícolas, industriales y urbanas, mientras enfrenta los embates del cambio climático.
La iniciativa, que reformaría la Ley de Aguas Nacionales, prioriza obras destinadas a la reutilización y tratamiento del líquido, así como a la conservación de zonas de recarga, presas y cuencas. Con un enfoque técnico, el fondo busca retener aguas superficiales para prevenir inundaciones, recargar acuíferos y garantizar el suministro en regiones donde el acceso al agua potable es una lucha diaria. Astudillo Suárez subraya que, sin estas acciones, “cada día será más difícil administrar un bien cada vez más escaso”.
El Fondo se financiaría con aportaciones de un peso por metro cúbico de agua consumida, recaudado por organismos locales de suministro, más una contribución equivalente del Gobierno Federal. Estos recursos, concentrados en una cuenta específica administrada por la Secretaría de Hacienda, se destinarían a partir de 2026 a proyectos con impacto tangible: desde plantas tratadoras en colonias marginadas hasta sistemas de riego eficientes para pequeños agricultores. La transparencia quedará a cargo de un Comité integrado por servidores públicos y diputados de comisiones ambientales y presupuestales.
El contexto climático da urgencia a la propuesta. Según datos citados en la iniciativa, la disponibilidad de agua en México ha caído drásticamente, afectando desde cultivos de maíz en Tlaxcala hasta industrias en Nuevo León. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el 80% de enfermedades como diarreas y dengue en zonas vulnerables están ligadas a la mala calidad del agua. “No es solo infraestructura: es salud pública”, resalta el documento, que vincula la escasez con crisis sanitarias evitables.
Más allá de lo técnico, la iniciativa evoca imágenes sensoriales: el sonido del agua corriendo en canales rehabilitados, el tacto fresco de ríos revividos en comunidades otomíes, el aroma de tierra húmeda en zonas agrícolas rescatadas de la sequía. Para familias que hoy almacenan agua en tambos, este fondo podría significar ver correr grifos limpios por primera vez, o niños bebiendo líquido sin riesgo de fiebres estomacales.
El diputado Astudillo insiste en que el proyecto no solo requiere inversión, sino un cambio cultural. “Todos tenemos el deber de cuidar el agua”, afirma, al destacar que el fondo incluirá campañas educativas. Ejemplos internacionales, como Israel o Singapur, demuestran que combinar tecnología con conciencia social reduce el desperdicio. En México, esto podría traducirse en sistemas de captación de lluvia en escuelas rurales o huertos comunitarios irrigados con agua tratada.
Aunque el camino legislativo es complejo —la iniciativa debe pasar por cinco comisiones—, el PVEM busca consensos ante un dato contundente: 12 millones de mexicanos carecen de agua potable, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La exclusión de comunidades marginadas de este recurso no solo frena el desarrollo, sino que profundiza desigualdades históricas.
En un país donde el 70% del territorio sufre algún grado de sequía, el Fondo Nacional Banco del Agua emerge como una apuesta por la resiliencia. Si se implementa con rigor, podría ser la semilla para que futuras generaciones hereden no solo infraestructura, sino una cultura de respeto al agua: ese elemento que, hoy más que nunca, define la frontera entre la sobrevivencia y el progreso.
