La reciente reforma judicial en México, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y el partido Morena, ha desatado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La medida plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, lo que más inquieta a diversos organismos es la falta de respuesta del gobierno mexicano a las solicitudes de información sobre los efectos que esta reforma tendrá en la democracia y el Estado de derecho.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha sostenido reuniones con la Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, así como con eurodiputados. En estos encuentros, se ha manifestado una seria preocupación sobre el impacto que esta reforma podría tener en la imparcialidad de la justicia mexicana. Según la JUFED, la administración actual ha ignorado estos cuestionamientos, lo que impide una evaluación clara de las consecuencias a futuro.

Uno de los principales temores es que la elección de jueces a través del voto popular permita que candidatos sin la preparación necesaria accedan a puestos clave en el sistema judicial. La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, ha advertido que ni siquiera se exige a los aspirantes una carta de antecedentes no penales, lo que abre la puerta a que perfiles con posibles vínculos delictivos puedan competir por estos cargos.

Además, expertos en justicia han señalado que la elección popular de jueces podría convertir el sistema judicial en un espacio politizado, donde los candidatos hagan campaña con promesas populistas en lugar de basarse en su experiencia y conocimiento de la ley. Esto podría generar un aumento en la corrupción y en la presión política sobre el Poder Judicial, afectando su capacidad de actuar con imparcialidad y autonomía.

A nivel internacional, organismos como la ONU y el Parlamento Europeo han expresado su inquietud sobre cómo este cambio podría debilitar la división de poderes en México. Según expertos, si los jueces son electos por voto ciudadano y no por méritos profesionales, el país corre el riesgo de transitar hacia un régimen autocrático donde la justicia esté controlada por intereses políticos y no por el marco legal.

La JUFED también ha denunciado ante la ONU que la falta de transparencia en el proceso de implementación de la reforma representa un riesgo para los derechos humanos de los mexicanos. Sin información clara sobre los criterios de selección de los candidatos, el país podría enfrentar un escenario en el que las decisiones judiciales estén influenciadas por grupos de poder y no por la correcta aplicación de la ley.

Ante estas preocupaciones, diversas organizaciones han instado al gobierno mexicano a abrir un diálogo transparente sobre la reforma judicial y a responder las inquietudes planteadas por la comunidad internacional. La incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial en México sigue creciendo, mientras expertos y ciudadanos exigen garantías de que la justicia permanecerá imparcial y libre de presiones políticas.