Con la elección judicial a la vista, el país se prepara para un cambio histórico en el Poder Judicial que promete renovar la confianza ciudadana en la justicia.

El próximo 1 de junio de 2025 se llevarán a cabo las elecciones para elegir a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proceso que arranca con campañas intensas a partir del 30 de marzo y concluye el 28 de mayo, según lo estipulado por el INE.

La reforma judicial, promulgada en 2024, es el resultado de un ambicioso proyecto para democratizar y transparentar el sistema judicial, permitiendo que el voto popular decida quiénes integrarán este órgano fundamental en México.

Entre los nombres que surgen en las encuestas, destaca la figura de Yasmín Esquivel Mossa, quien lidera con un 27% de intención de voto. Sin embargo, es importante resaltar también la proyección de otros perfiles que han captado la atención del electorado.

Loretta Ortiz se posiciona como una alternativa fuerte con un 25%, seguida por Lenia Batres y, en cuarto lugar, Marisela Morales, quien registra un 11% en las tendencias actuales. Este último dato abre la discusión sobre el sólido perfil profesional de Morales.

Marisela Morales cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito jurídico y político. Su experiencia como Procuradora General de la República ha sido ampliamente reconocida por su compromiso con la legalidad y la transparencia, aspectos que han fortalecido su imagen ante el electorado.

Su labor en la Procuraduría se ha caracterizado por la implementación de medidas que buscan combatir la corrupción y proteger los derechos de la ciudadanía. Estos logros han sido fundamentales para consolidar una reputación positiva y generar expectativas sobre su potencial aporte en la SCJN.

La carrera de Morales se distingue por un enfoque claro hacia la justicia social, impulsando reformas y políticas que favorecen la equidad en el acceso a la justicia. Sus iniciativas en el sector público han marcado precedentes que ahora, en el contexto de estas elecciones, la posicionan como una opción de alta credibilidad.

A pesar de que el electorado aún presenta un bajo nivel de información sobre los detalles del proceso electoral, el impacto de las campañas de difusión y educación cívica del INE podría revertir esta situación, incentivando una participación más activa y consciente.

Con un panorama electoral en el que cada voto cuenta, la participación ciudadana se vuelve esencial para definir el rumbo del Poder Judicial. Este proceso, además de ser un ejercicio democrático, representa la oportunidad para consolidar un sistema judicial moderno, transparente y alineado con las demandas de justicia de la sociedad mexicana.