Por Juan Pablo Ojeda

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la emisión de una nota diplomática formal dirigida al Gobierno de Estados Unidos para exigir evidencia sustancial sobre las acusaciones que vinculan a diez funcionarios mexicanos con el Cártel de Sinaloa. El documento, enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), surge tras la publicación de un informe del Departamento de Justicia que señala al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve servidores públicos.

La mandataria federal fundamentó la petición tras una consulta técnica con la Fiscalía General de la República (FGR) y los equipos jurídicos de la Presidencia. Según el análisis del Ejecutivo, el expediente presentado por las autoridades estadounidenses carece de rigor probatorio, basándose principalmente en testimonios no verificados y documentos con tachaduras (testados) que impiden un análisis jurídico serio bajo los estándares del Estado de Derecho.

Entre los elementos cuestionados por el Gobierno de México destaca una página manuscrita con anotaciones informales que, a juicio de la administración mexicana, no constituyen una prueba judicial válida. La nota diplomática solicita formalmente que la oficina del Departamento de Justicia comparta el sustento técnico de sus afirmaciones para determinar si existe una base legal para proceder internamente o si se trata de una narrativa mediática.

El grupo de señalados incluye, además de Rocha Moya, al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza. La administración federal ha recalcado que la justicia en México debe operar bajo el cumplimiento estricto de la ley y no mediante la interpretación de lo que calificó como «ficciones» políticas.

Desde el punto de vista logístico, la SRE espera una respuesta oficial que permita a la FGR integrar, en su caso, carpetas de investigación con pruebas fehacientes. Hasta el momento, el Departamento de Justicia de EE. UU. no ha emitido un pronunciamiento público tras la recepción de la nota diplomática mexicana enviada este martes.

Sheinbaum Pardo subrayó que la defensa de la soberanía nacional es un eje prioritario de su mandato, por lo que no se permitirán procesos basados en presunciones que vulneren la presunción de inocencia de funcionarios electos. La mandataria reiteró que el cumplimiento de la Constitución obliga al Estado mexicano a exigir reciprocidad en la presentación de datos duros.

Finalmente, el Gobierno de México mantiene sus canales de comunicación abiertos con las agencias estadounidenses, pero enfatiza que la cooperación binacional debe basarse en el respeto mutuo y la veracidad de la información compartida en el marco de los tratados internacionales de asistencia legal.